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La Tribuna

Franja de seguridad eléctrica: la obligación que está en el centro de la investigación del megaincendio

por Jorge Monares Olivares

El fiscal Jorge Lorca detalló cómo las pericias de la PDI y Conaf permitieron establecer el punto de origen del fuego en Nacimiento y cuestionó las deficiencias en la vigilancia de las instalaciones eléctricas, en una causa que deja al descubierto las limitaciones de la legislación aplicada.

Incendio Nacimiento Santa Juana, San Roque (149) /

La mantención de las franjas de seguridad bajo los tendidos eléctricos es una obligación legal de las empresas concesionarias de distribución, una exigencia que adquiere especial relevancia en la investigación del megaincendio de febrero de 2023 en Nacimiento y Santa Juana, cuyo origen la Fiscalía atribuye a deficiencias en las labores de conservación y vigilancia de las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha).

El fiscal Jorge Lorca profundizó en los antecedentes que sustentan la acusación presentada contra un supervisor de mantenimiento de la compañía y un contratista, con énfasis en las obligaciones que recaen sobre las empresas eléctricas y las pruebas científicas reunidas durante la investigación.

"Las empresas como concesionarias tienen la obligación legal de velar por la mantención" de estas franjas, planteó el persecutor, quien advirtió que la vegetación no debe entrar en contacto con los cables energizados.

UNA OBLIGACIÓN DE VIGILANCIA

La investigación apunta no solo a la ejecución de las faenas de despeje, sino al control que debía ejercer el supervisor sobre los trabajos encargados a terceros.

Lorca detalló que el contratista habría informado la realización de labores que no se habrían ejecutado en el lugar de origen del incendio, mientras que el encargado de fiscalizarlas no habría advertido esas deficiencias.

"Se pudo determinar que ellos no fiscalizaron, no se preocuparon de un lugar específico donde está el punto de origen y que estas personas no habían hecho la mantención y que el contratista había informado de que sí lo había hecho", declaró.

El fiscal agregó que la combinación de vegetación próxima a las líneas eléctricas, viento, calor y humedad puede favorecer la generación y propagación de incendios forestales, sobre todo cuando el fuego comienza en altura.

LAS HUELLAS QUE PERMITIERON IDENTIFICAR EL ORIGEN

Otro aspecto de la investigación corresponde a los peritajes desarrollados por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cuyos antecedentes permitieron situar el punto de origen en el fundo Santa Ana, en Nacimiento.

El análisis consideró las características del follaje, una rama y el cable eléctrico involucrado en el contacto que habría generado material incandescente.

Lorca describió que el roce entre ambos elementos deja rastros de material que pueden ser recogidos y comparados por especialistas para establecer su relación con el punto de inicio del fuego.

"Al generar el contacto y generar esta verdadera suerte de explosión es donde se transmiten estos materiales y que los científicos pueden levantar, comparar y llegar a la conclusión de que es el punto de origen", detalló.

LAS LIMITACIONES DE LA LEGISLACIÓN

El persecutor planteó una particularidad jurídica de esta causa: la acusación considera infracciones a la Ley de Bosques en concurso ideal con cuasidelitos de homicidio y lesiones, pese a que la normativa forestal no tiene como finalidad directa la protección de vidas humanas.

"Hay una paradoja legal toda vez que la legislación que se preocupa de esto es la Ley de Bosques y obviamente esa legislación lo que tiene en cuenta es precisamente proteger las áreas del bosque y los árboles, más no tiene relación con resguardar las vidas humanas", expuso.

Lorca hizo otra distinción respecto de la responsabilidad penal de las empresas, al precisar que la Ley de Delitos Económicos no estaba vigente cuando ocurrió la tragedia, en febrero de 2023, por lo que no resultaba aplicable a estos hechos.

La normativa actual establece un escenario distinto para las empresas frente a determinados delitos cometidos en su ámbito de actividad, aunque su aplicación depende de los requisitos legales y de la fecha de comisión de los hechos.

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