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La decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción de anular la condena de 20 años de presidio contra el excarabinero Luis Mansilla Garrido y ordenar la realización de un nuevo juicio generó preocupación en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) del Biobío, organismo que desde el inicio de la causa ha acompañado y representado jurídicamente a la víctima.
La resolución del tribunal de alzada dejó sin efecto tanto la sentencia dictada el 30 de mayo de 2026 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles como el juicio oral en que fue pronunciada, por lo que se deberá realizar un nuevo juicio ante jueces no inhabilitados.
Mansilla había sido condenado por los delitos de femicidio íntimo frustrado, dos parricidios frustrados y homicidio simple frustrado, por hechos ocurridos durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, cuando un incendio afectó el automóvil estacionado en el acceso a la vivienda donde se encontraba su expareja junto a sus tres hijos.
Frente a la decisión judicial, la directora regional (s) de SernamEG Biobío, Gianella Barbieri Beneventi, sostuvo que el organismo respeta las garantías del debido proceso y la independencia de los tribunales, aunque manifestó su preocupación por las consecuencias que la resolución tendrá para la víctima.
Desde la perspectiva del servicio, uno de los principales desafíos de esta nueva etapa será evitar que el proceso judicial implique una nueva afectación para la mujer, considerando que los hechos investigados se remontan a casi seis años y que la causa ya ha atravesado distintas etapas, incluida la fuga del acusado en 2023, su posterior captura en Argentina y su extradición a Chile.
Barbieri planteó que las decisiones judiciales deben considerar las características particulares de las causas relacionadas con violencia de género y las consecuencias que estos hechos tienen no solo en las víctimas, sino también en sus familias.
"Las decisiones judiciales deben considerar las particularidades de los casos de violencia de género y el impacto que estos hechos tienen en la vida de las víctimas y sus familias. La respuesta judicial debe considerar las consecuencias de la violencia y evitar la revictimización", afirmó.
Uno de los elementos centrales que busca relevar SernamEG es que la anulación de la sentencia no significa el término de su intervención en la causa.
La institución informó que continuará acompañando a la víctima y ejerciendo su representación jurídica durante la nueva etapa del proceso, evaluando junto a ella las acciones que correspondan y teniendo como prioridad su voluntad, seguridad y protección.
"Desde que ocurrieron los hechos, SernamEG ha acompañado a la víctima y ejercido su representación jurídica durante el proceso, con el propósito de resguardar sus derechos y contribuir a su acceso a la justicia", explicó Barbieri.
La autoridad agregó que, ante la realización de un nuevo juicio, el servicio analizará junto a la víctima los pasos a seguir, manteniendo como eje su protección y participación en las decisiones relacionadas con el proceso.
"Junto a ella, evaluaremos las acciones pertinentes para esta nueva etapa judicial, teniendo como prioridad su voluntad, seguridad y protección", sostuvo.
De esta manera, el nuevo escenario judicial vuelve a poner el foco en el acompañamiento especializado de las víctimas de violencia de género y en las medidas necesarias para que su participación en los procesos judiciales no se transforme en una nueva experiencia de victimización.
"Como Servicio, mantendremos nuestro acompañamiento y representación jurídica, resguardando los derechos de la víctima. Nuestro compromiso es contribuir a que tenga acceso a la justicia y a una respuesta judicial que considere la gravedad de los hechos y el impacto que la violencia ha tenido en su vida", reafirmó la directora regional (s).
La causa se originó en noviembre de 2020 y ha tenido un extenso recorrido judicial. Tras la fuga de Mansilla desde un recinto policial de Valdivia en junio de 2023, el acusado fue detenido en enero de 2025 en Argentina y posteriormente extraditado a Chile. En mayo de 2026 se desarrolló el juicio oral en Los Ángeles que terminó con su condena a 20 años de presidio efectivo, resolución que ahora fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Concepción.
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