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Según informó inicialmente Radio Bío Bío, la decisión del tribunal de alzada fue adoptada por unanimidad, con tres votos a favor y ninguno en contra.
El Ministerio Público había solicitado nuevamente el desafuero del parlamentario debido a su actual condición de senador.
Calisto ya había perdido el fuero parlamentario cuando se desempeñaba como diputado, en una causa relacionada con hechos ocurridos entre 2018 y 2022.
La Fiscalía de Aysén informó que la investigación contempla a ocho imputados por delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, ambos en carácter reiterado.
De acuerdo con el organismo persecutor, el perjuicio para el Estado supera los $100 millones.
La acusación del Ministerio Público se relaciona con el uso de asignaciones parlamentarias durante el período en que Calisto ejercía como diputado.
La tesis de la Fiscalía apunta a eventuales irregularidades en la contratación de asesorías parlamentarias.
La defensa del senador ha rechazado las imputaciones y sostiene que las asesorías cuestionadas sí fueron realizadas.
Tras conocer la resolución, Calisto anunció que recurrirá ante la Corte Suprema y afirmó que ejercerá las acciones que la ley contempla para su defensa.
La Fiscalía precisó que, una vez que la resolución de desafuero quede ejecutoriada, la causa podrá avanzar hacia la etapa de preparación del juicio oral.
El tribunal señaló que los antecedentes reunidos presentan mérito y plausibilidad para permitir la formación de causa, sin que ello implique establecer responsabilidad penal del parlamentario.
La decisión corresponde a una resolución procesal y no constituye una condena contra Calisto. La eventual responsabilidad penal deberá ser determinada durante las etapas posteriores del proceso judicial.
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