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Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron formalizados por la Fiscalía Local de Copiapó tras ser detenidos por su presunta participación en un violento robo cometido en un local comercial ubicado al interior de un servicentro Shell de la comuna.
Los antecedentes fueron expuestos durante la audiencia de formalización por el fiscal Luis Miranda Flores, quien detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas de este jueves recién pasado en el local "Upita" emplazado en el recinto de expendio de combustibles.
De acuerdo con la investigación, ambos imputados llegaron al lugar colgando de la parte posterior de un vehículo. Una vez en el servicentro, ingresaron a la sala de ventas e intimidaron a una trabajadora para sustraer diversas especies, entre ellas cigarrillos, golosinas y dinero en efectivo.
El monto de lo robado fue avaluado en aproximadamente un millón de pesos.
La Fiscalía indicó además que, tras concretar el delito, los adolescentes agredieron a un bombero del recinto que intentó auxiliar a la trabajadora afectada. Posteriormente, abordaron un bus del transporte público para huir del lugar.
Sin embargo, la rápida denuncia realizada a Carabineros permitió iniciar un operativo de búsqueda. Las víctimas entregaron antecedentes sobre la patente del bus utilizado por los sospechosos, información clave para su ubicación.
Durante la audiencia también se expusieron antecedentes relacionados con amenazas proferidas por los imputados contra funcionarios policiales. Según la Fiscalía, tanto al momento de la detención como posteriormente en dependencias de la Segunda Comisaría de Copiapó, los adolescentes amenazaron a carabineros indicando que los atacarían con armas de fuego.
Por estos hechos, el Ministerio Público formalizó una investigación en contra de ambos jóvenes por los delitos de robo con violencia e intimidación y por dos delitos de amenazas a personal policial.
Debido a la gravedad de los antecedentes, el fiscal solicitó la medida cautelar de internación provisoria para ambos imputados. No obstante, el tribunal rechazó la petición y resolvió decretar arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas, tanto en sus domicilios particulares como en sus lugares de trabajo.
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