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Con esta decisión, el tribunal determinó sustituir la medida cautelar más gravosa por arresto domiciliario total, permitiendo que la exjueza abandone el recinto penitenciario mientras continúa el proceso judicial en su contra.
La resolución también establece arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los demás imputados vinculados a la causa, medidas que buscan resguardar el desarrollo de la investigación sin recurrir a la privación de libertad.
Durante la revisión de la cautelar, la defensa de Vivanco sostuvo que la prisión preventiva resultaba desproporcionada frente al estado actual del proceso, planteamiento que fue acompañado por antecedentes relacionados con la condición de salud de la exministra.
Los argumentos apuntaron a que existían medidas alternativas capaces de asegurar la comparecencia de la imputada y el correcto avance de las diligencias investigativas, sin mantenerla en reclusión.
La exvocera de la Corte Suprema permanecía en prisión preventiva desde el 30 de enero, medida que había sido ratificada recientemente por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago antes de que la defensa recurriera ante la Corte de Apelaciones.
Ángela Vivanco se encuentra formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la investigación conocida como "Trama Bielorrusa", causa dirigida por la Fiscalía Regional de Los Lagos.
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