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El ex presidente del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Alemán del Verbo Divino (Cegepal) de Los Ángeles, identificado como C.C.D., fue declarado culpable por el delito de apropiación indebida, luego de un juicio oral que se prolongó durante cinco días y en el que declararon testigos, peritos y se presentaron diversas pruebas documentales y financieras.
El veredicto condenatorio fue dictado por el tribunal competente tras analizar los antecedentes reunidos durante la investigación y expuestos por el Ministerio Público, causa que se originó por el presunto mal uso de recursos pertenecientes a la organización de padres y apoderados durante el período comprendido entre los años 2018 y 2022.
La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 22 de junio de 2026, a las 15:00 horas, instancia en la que se conocerán las penas que deberá enfrentar el condenado.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, C.C.D. se desempeñó como presidente de Cegepal entre diciembre de 2018 y mayo de 2022, período durante el cual habría realizado múltiples operaciones financieras utilizando fondos institucionales para fines ajenos a la organización.
La investigación estableció la existencia de 22 giros efectuados a nombre del entonces presidente entre diciembre de 2018 y abril de 2022, por montos que fluctuaron entre los 200 mil y los 2 millones 40 mil pesos.
Asimismo, se detectaron 15 giros adicionales vinculados a una sociedad relacionada, realizados entre enero de 2021 y mayo de 2022, incluyendo operaciones que superaron los 13 millones de pesos en una sola transacción.
Según la Fiscalía, estas maniobras permitieron la apropiación indebida de más de 60 millones de pesos pertenecientes al patrimonio de la organización. La causa también involucra a F.P.F., quien ejerció como tesorero de Cegepal durante el mismo período y enfrenta una acusación por el delito de administración desleal.
El Ministerio Público sostiene que el ex dirigente habría facilitado las acciones del entonces presidente mediante la firma reiterada de cheques, incluidos algunos en blanco, sin exigir respaldos ni rendiciones de cuentas respecto del destino de los recursos institucionales.
De acuerdo con la acusación, esta conducta constituyó un incumplimiento grave de sus obligaciones legales y estatutarias, permitiendo que se concretara el perjuicio económico al patrimonio de la entidad.
Antes del inicio del juicio oral, la Fiscalía había solicitado para C.C.D. una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 40 millones de pesos, junto con las accesorias legales y el pago de las costas de la causa.
En el caso del ex tesorero, el ente persecutor requirió una condena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y una multa superior a los 31 millones de pesos.
Ambos imputados registraban la atenuante de irreprochable conducta anterior.
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