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El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó la situación migratoria de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander detenido en el marco de la denominada Operación Tokio, una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) que busca desarticular una presunta red de lavado de activos asociada a una estructura vinculada al Tren de Aragua.
La autoridad precisó que, pese a que el ciudadano venezolano mantenía una solicitud de nacionalización chilena en trámite, el proceso no había sido aprobado ni se encontraba próximo a concretarse debido a antecedentes previamente informados por organismos policiales.
Según detalló Sauerbaum, Pérez Asencio ingresó a Chile en 2018 y obtuvo una visa provisoria al año siguiente. Posteriormente, en 2023 accedió a la residencia definitiva y, durante 2024, presentó una solicitud de carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones.
No obstante, Sauerbaum explicó que existían antecedentes que impedían que la solicitud avanzara favorablemente.
De acuerdo con el director nacional de Migraciones, la PDI había comunicado oportunamente la existencia de un delito atribuido al ciudadano extranjero antes de que iniciara el proceso para obtener la nacionalidad chilena.
La autoridad recalcó además que los procesos de nacionalización contemplan evaluaciones rigurosas respecto de la conducta y antecedentes de quienes postulan.
"La nacionalidad en Chile se entrega con una serie de condiciones y, obviamente, los antecedentes penales y criminales son considerados", afirmó.
La detención de Pérez Asencio se produjo durante un amplio operativo desarrollado por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI, en el marco de la Operación Tokio, una investigación que apunta a una compleja estructura financiera destinada al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Según los antecedentes expuestos por los organismos persecutores, el ejecutivo bancario habría desempeñado un rol relevante en el movimiento y canalización de recursos asociados a la organización investigada.
La indagatoria estima que la red habría movilizado más de $78 mil millones mediante diversas operaciones financieras y plataformas de criptomonedas, recursos que presuntamente tendrían relación con actividades delictivas vinculadas a un brazo extorsivo del Tren de Aragua.
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