Durante dos años se desarrolló la investigación -mantenida en absoluta reserva- a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, y que culminó con la detención de tres abogados/as y un funcionario judicial, quienes este domingo conocerán formalmente los cargos en su contra. Tres fueron detenidos en sus domicilios y un cuarto en la Plaza de Armas de la ciudad.
El Juzgado de Garantía de Los Ángeles declaró legal la detención de cuatro imputados, arrestados la noche del jueves, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción y otros ilícitos vinculados al sistema de administración de justicia penal en la ciudad.
La indagatoria es dirigida por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, quien solicitó las órdenes de detención al tribunal, las que posteriormente fueron ejecutadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Ñuble.
Durante la audiencia de control de detención realizada la jornada de este viernes, la magistrada Claudia Aguilera acogió la solicitud de las defensas y decretó un receso hasta el domingo 8 de marzo a las 12:00 horas, momento en que se llevará a cabo la audiencia de formalización de cargos.
En esa instancia, la Fiscalía dará a conocer los delitos específicos por los cuales los imputados están siendo investigados.
Según explicó el tribunal, el receso tiene como objetivo permitir a las defensas revisar y estudiar los últimos antecedentes incorporados a la carpeta investigativa que lidera el Ministerio Público.
Por resolución de la magistrada, y también a petición de los abogados defensores, los detenidos permanecerán en calidad de tránsito en dependencias de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles hasta el domingo, día en que deberán ser trasladados nuevamente al tribunal para la respectiva formalización.
FORMALIZACIÓN PROGRAMADA PARA ESTE DOMINGO
El exdefensor jefe y las dos abogadas fueron arrestados en sus respectivos domicilios, mientras que el funcionario judicial fue aprehendido en la Plaza de Armas de Los Ángeles, según se conoció durante la audiencia de control de detención realizada este viernes en el Juzgado de Garantía.
Según los antecedentes recabados durante la jornada de ayer, las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy serían formalizadas por los delitos de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información y soborno.
Patricio Gutiérrez Marinado, exdefensor jefe de Los Ángeles, enfrentaría cargos por asociación delictiva, violación de secreto con grave daño a la causa pública y acceso indebido a la información, de acuerdo con la misma fuente.
Nelson Sáez, funcionario judicial, sería formalizado por los delitos de violación de secreto y cohecho.
La fiscal regional Nayalet Mansilla confirmó la noche del jueves la detención de los cuatro imputados, señalando que estas diligencias forman parte de una investigación en curso por presuntos delitos de corrupción y otras irregularidades que habrían afectado el funcionamiento del sistema de justicia penal en la ciudad.
ALLANAMIENTO EN OFICINAS DE FISCALÍA
Por instrucción del fiscal nacional, Ángel Valencia, la indagatoria fue encargada a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, con el objetivo de esclarecer eventuales delitos de cohecho y revelación de secreto, en causa por la que también eran investigadas las abogadas privadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, conocidas en la zona por asumir defensas en causas relacionadas con crimen organizado.
El Ministerio Público indagaba posibles vínculos entre las profesionales y funcionarios de la Fiscalía que habrían permitido el acceso o filtración de información reservada de investigaciones penales.
La situación adquirió mayor complejidad debido a que Romero está casada con el fiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán Fuica, quien también llevaba hasta ese entonces causas vinculadas a narcotráfico, mientras que Cortés es cónyuge de Patricio Gutiérrez, ahora exjefe de la Defensoría Penal Pública.
En el marco de la investigación, el 19 de marzo de 2024, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles autorizó diligencias intrusivas que incluyeron la entrada, registro e incautación de dispositivos electrónicos y documentos de diversos funcionarios públicos y de las abogadas investigadas.
La orden judicial dispuso la incautación de teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos de almacenamiento, además del acceso y análisis de correos electrónicos y comunicaciones realizadas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram e Instagram, entre otras.
La diligencia se concretó al día siguiente y fue ejecutada por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones.
Como parte de las medidas adoptadas, Durán fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.
Las diligencias policiales no se limitaron al Ministerio Público, ya que los allanamientos también se extendieron al Juzgado de Garantía de Los Ángeles. En este caso, el trabajo apuntó a la oficina del funcionario del Poder Judicial Nelson Sáez, encargado de sala.
Entre los casos más mediáticos asumidos por las abogadas Cortés y Romero figura la defensa de Moisés Bastardo Bastardo, ciudadano venezolano sindicado por la Fiscalía como presunto sicario de una peligrosa banda que operaba en la zona.
Bastardo también fue vinculado en 2021 con la banda criminal conocida como "Los Corbata", organización dedicada al tráfico de drogas en Los Ángeles, donde habría oficiado como custodio del negocio de la droga.
