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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles declaró admisibles los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los comuneros condenados en el marco del Caso Quilleco. La resolución judicial validó la tramitación de los escritos presentados el pasado 9 de febrero, cuyo objetivo consistió en refutar la sentencia que impuso la jueza Kary Videla Beltrán, correspondiente a penas de hasta 17 años de cárcel por delitos de incendio y amenazas hace poco más de un mes.
La decisión del tribunal de primera instancia permitió entregar los antecedentes a la Corte Suprema, hecho que fue solicitado originalmente por los abogados defensores para revisar la validez de las pruebas. Esta acción legal es central para las demandas de los cinco comuneros —Óscar Cañupan, José Lienqueo, Bastián Llaitul, Axel Campos y Roberto Garling—, quienes iniciaron una huelga de hambre líquida el 16 de febrero en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco para exigir la anulación del proceso.
Durante la tramitación, la defensa argumentó vicios legales en la sentencia dictada el 20 de enero, "la cual absolvió a los imputados de los cargos de asociación criminal y homicidio frustrado, pero los condenó por el ataque incendiario a dos camiones ocurrido en octubre de 2023". El tribunal oral concedió los recursos al estimar que cumplieron con los requisitos formales y los plazos estipulados por el Código Procesal Penal.
El fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido Bedwell, se hizo parte del proceso y solicitó remitir la causa a la Corte de Apelaciones de Concepción. El persecutor argumentó que los recursos de la defensa no son competencia de la Corte Suprema, por lo que estimó que corresponde a la corte penquista conocer y tomar las decisiones en el asunto.
Los hechos se remontan a la madrugada del 13 de octubre de 2023, cuando un grupo de cinco sujetos encapuchados y armados intimidó a trabajadores en una faena forestal ubicada en la Ruta Q-45, en la comuna de Quilleco, para posteriormente incendiar dos camiones.
Tras un operativo inmediato, Carabineros detuvo a Óscar Cañupan, José Lienqueo, Bastián Llaitul, Axel Campos y Roberto Garling, a quienes se les incautó líquido acelerante y pasamontañas. Este episodio derivó en un juicio oral que concluyó en enero de 2026, donde el tribunal acreditó su participación y los condenó a penas de entre 15 y 17 años de presidio por los delitos consumados de incendio y amenazas.
El caso también incluyó a Tania Zagal, quien recibió una pena más baja que el resto de los condenados. El tribunal la sentenció a 818 días de cárcel por su participación en uno de los incendios. Su abogado, Sergio Millamán, presentó también un recurso de nulidad el 9 de febrero, que de igual forma fue declarado admisible.
Mientras el máximo órgano judicial determina si conserva la causa o la remite a la Corte de Apelaciones de Concepción por razones de competencia técnica, los cinco condenados se mantendrán la huelga de hambre líquida.
La comunicación oficial de esta medida se materializó a través de una carta firmada por los propios internos y entregada a un medio de comunicación radial este lunes 16 de febrero. En el documento, los cinco condenados notificaron el inicio de esta de forma indefinida y detallaron las motivaciones de su protesta, centradas exclusivamente en la exigencia de anular el juicio que los sentenció.
Junto con reiterar su inocencia bajo el argumento de que aquel día viajaban hacia Los Ángeles para acompañar a otros comuneros en un trámite legal distinto, denunciaron en el escrito las precarias condiciones de habitabilidad dentro del penal y acusaron una persecución constante hacia sus familiares durante los procesos de visita.
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