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Con 31 años de servicio en la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el prefecto Juan Orellana Campos asumió el pasado 5 de enero como nuevo jefe de la Prefectura Provincial de Biobío.
Su llegada a la zona estuvo marcada por un intenso inicio de gestión, en medio de la emergencia suscitada por los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío y las labores de búsqueda de un hombre que cayó en el embalsadero de San Rosendo el 31 de enero, cuyo cuerpo fue encontrado durante el jueves recién pasado en el sector de Talcamávida.
Orellana posee una trayectoria que lo llevó por distintas regiones del país. Desde Santiago fue destinado a Puerto Montt y, luego, a Antofagasta, donde ejerció durante poco más de un año como jefe provincial.
El traslado a la provincia de Biobío, reconoce, implicó un cambio importante "desde la geografía hasta las personas", en un contexto que exigió respuesta inmediata. A pocos días de asumir, debió enfrentar la emergencia por incendios forestales que afectaron a la región e, incluso, debió subrogar funciones regionales.
Según explicó, la institución abordó la contingencia desde cuatro ejes: el ámbito operativo, el apoyo a la ciudadanía, la labor investigativa y el análisis criminal.
Otro de los procedimientos que debió abordar tras su llegada a la zona fue la búsqueda de un vecino que desapareció tras ingresar al agua en el sector del embalsadero de San Rosendo.
El prefecto explicó que el personal especializado se instaló en el lugar para realizar las primeras indagaciones. En el operativo participaron diversas instituciones, entre ellas Bomberos, la Armada, el Ejército, Carabineros y voluntarios civiles.
"Aquí tengo que resaltar el trabajo conjunto. Todos nos unimos tras un mismo objetivo", afirmó.
De igual forma, explicó que el caso continúa en investigación, a la espera de los resultados periciales que permitan confirmar plenamente la identidad del cuerpo hallado.
En cuanto a cifras, Orellana relató que la Prefectura Provincial de Biobío de la PDI recibió durante 2025 alrededor de 7.200 decretos emanados desde el Ministerio Público que debieron ser trabajados por sus brigadas especializadas. De ellos, aproximadamente 2.400 correspondieron a órdenes de investigar y un 66,1% a instrucciones particulares.
En cuanto a los delitos de mayor connotación social, la autoridad detalló que se registraron 21 homicidios en la provincia. De estos casos, 18 presentan resultados investigativos por parte de la PDI; dos permanecen en investigación y uno fue trabajado por Carabineros.
Dentro de los casos esclarecidos, 13 ya cuentan con imputados detenidos, mientras que, en otros casos, se mantienen órdenes de detención vigentes en contra de prófugos de la justicia.
En este contexto, Orellana subrayó que el delito de homicidio es uno de los que más impacta en la sensación de inseguridad de la ciudadanía. Sin embargo, aseguró que el trabajo investigativo, el análisis criminal, el uso de tecnología y la experiencia de los equipos han permitido alcanzar niveles de esclarecimiento cercanos al 95%.
"Si se comete un delito de esa envergadura, se va a investigar hasta que el responsable sea puesto a disposición de la justicia", enfatizó.
La labor de la PDI es eminentemente investigativa y se desarrolla bajo la dirección del Ministerio Público. Si bien Carabineros cumple principalmente funciones preventivas y de primera respuesta, ambas instituciones trabajan coordinadamente, especialmente en emergencias o procedimientos complejos.
Las diligencias pueden originarse por denuncias en flagrancia, por órdenes directas de la Fiscalía o a través de plataformas como la Bitácora Web. Además, la PDI cuenta con facultades para actuar directamente en caso de flagrancia y, posteriormente, informar al ente persecutor.
Para este año, los desafíos apuntan a fortalecer el trabajo interdisciplinario frente a nuevas formas de criminalidad. Orellana indicó que la estructura clásica por brigadas especializadas —para homicidios, robos, delitos sexuales, económicos o antinarcóticos— hoy requiere mayor integración para enfrentar fenómenos complejos.
Un ejemplo es el combate al narcotráfico y sus aristas financieras. Luego de que la Brigada Antinarcóticos y el Crimen Organizado desbaratara una banda dedicada a la venta de drogas en Los Ángeles en enero recién pasado, las diligencias continuaron y culminaron con el arresto de nueve personas por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos, mediante el seguimiento de "la ruta del dinero" a través de técnicas especializadas y fiscales con dedicación exclusiva.
Asimismo, destacó la labor de fiscalización de extranjeros, función legal que también forma parte de la planificación estratégica anual.
El prefecto Juan Orellana entregó un mensaje preventivo a la comunidad, especialmente frente al aumento de delitos económicos y estafas. Alertó sobre las nuevas modalidades delictivas, como el envío de enlaces fraudulentos que permiten a delincuentes acceder a datos personales y cuentas bancarias.
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