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El sector forestal de la región del Biobío respondió con dureza a las declaraciones de la seremi de Seguridad Pública, Paulina Stuardo, quien aseguró que los atentados incendiarios han disminuido en el territorio. Desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) advirtieron que la realidad en terreno es distinta y que el escenario continúa siendo de alta peligrosidad.
Según detalló el líder gremial, en las últimas semanas los atentados no han disminuido de manera significativa y, por el contrario, han mostrado una intensificación preocupante que obliga a tener una mirada macrorregional y no fragmentada.
"Particularmente en la provincia de Biobío no podemos olvidar que el atentado de Rucalhue fue uno de los más grandes de la historia, donde los atacantes ingresaron armados, intimidaron a los trabajadores y destruyeron cerca de 45 camiones y cinco maquinarias pesadas", expresó el representante de Corma.
De igual forma, aseguró que tampoco se puede normalizar lo que ocurre en la provincia de Arauco, donde, aseguró, prácticamente ya no existen faenas forestales. "Cada intento de trabajar termina con maquinaria quemada, amenazas y riesgos para las personas. Aunque valoramos la reciente detención de dos individuos presuntamente involucrados en el atentado de Contulmo, estos avances no cambian el hecho de que la violencia sigue afectando a las comunidades y paralizando el desarrollo económico de la zona", agregó.
No obstante, Casagrande consideró relevante destacar el trabajo de coordinación impulsado por la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena), el cual ha permitido fortalecer la inteligencia preventiva y mejorar la respuesta frente a incidentes.
También relevó el trabajo que desarrolla Acoforag, quienes representan a las víctimas de atentados incendiarios, con 1.838 máquinas y camiones forestales destruidos. Su "labor de recopilación y sistematización de información se ha convertido en una herramienta clave para comprender la evolución de los atentados en el sector y medir con precisión su impacto real", destacó el presidente de Corma Biobío y Ñuble.
"Lo que necesitamos ahora es avanzar decididamente en la desarticulación de las bandas que operan en la región, porque mientras estos grupos sigan actuando con coordinación, recursos y capacidad de daño, ningún esfuerzo será suficiente para garantizar seguridad. La experiencia demuestra que no basta con contener los hechos: es fundamental golpear las estructuras que organizan y ejecutan estos ataques", puntualizó Casagrande.
Finalmente, expresó que sin seguridad no hay inversión y que "sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay desarrollo para nuestras comunidades".
Por su parte, René Muñoz, gerente de Acoforag detalló que la provincia de Biobío registró un aumento del 100% en los atentados respecto al año anterior.
Aunque la cifra puede parecer relativa —ya que en 2024 no hubo ataques contra contratistas—, sí refleja un retorno de la violencia, sobre todo del atentado que dejó siete equipos destruidos en Mulchén.
En este contexto, aseguró que desde 2014 no tienen paz ni tranquilidad para trabajar en la macrozona sur, ni en caminos públicos ni privados.
Asimismo, agregó que existen sectores donde es difícil acceder, ya que no pueden exponer a sus trabajadores a condiciones de inseguridad tan altas.
La seremi de Seguridad Pública del Biobío atribuyó la baja en la cantidad de atentados registrados al trabajo coordinado entre las policías, Fiscalía y organismos relacionados.
Al respecto, Muñoz señaló que la coordinación interinstitucional debería ser el estándar mínimo. "Nosotros seguimos sosteniendo que se requiere avanzar más", expresó. En este contexto, detalló que de los 173 atentados registrados en la región del Biobío, solo uno ha llegado a resultados con culpables procesados y condenados, en Cañete.
Muñoz sostuvo que uno de los déficits más graves para enfrentar la violencia rural es la falta de inteligencia operativa. Al respecto, enfatizó que no existe capacidad real para anticipar los ataques.
A juicio del dirigente, el estancamiento legislativo también contribuye a la falta de resultados concretos en persecución penal. Por eso, insistió en que "la ley de inteligencia que está en el Congreso debe tener un avance más rápido para poder dotar con los medios a las policías y a las fiscalías".
Muñoz también cuestionó las declaraciones de la seremi de Seguridad Pública, quien señaló que algunos atentados recientes se habrían cometido sin armas de fuego.
Para el representante de Acoforag, esta afirmación no se condice con la realidad en terreno. "La teoría de que los atentados son sin armas me parece un poco dudosa. Estos grupos no van a andar sin armas exponiéndose a una condición de riesgo y de peligro extrema", añadió.
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