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Un proceso judicial de alta complejidad tuvo un hito clave esta semana con la llegada a Chile de Gregoris Cortez Fernández, ciudadano venezolano imputado por un homicidio ocurrido en pleno centro de Los Ángeles. El crimen cuya responsabilidad se le atribuye ocurrió pasado el mediodía del 7 de febrero de 2022, cuando Juan Francisco Ortiz Fuentealba fue acribillado al salir del edificio Manso de Velasco, emplazado entre las calles Lautaro y Caupolicán.
Tras cometer el delito, Cortez Fernández huyó del país y el Ministerio Público solicitó su extradición en Colombia, donde fue ubicado en primera instancia. Sin embargo, posteriormente fue localizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos, donde finalmente fue detenido por las autoridades norteamericanas.
La extradición fue gestionada por la Fiscalía Local de Los Ángeles, a través de la Corte de Apelaciones de Concepción, y la resolución fue pronunciada el 9 de septiembre de 2024 por las ministras Carola Rivas, Antonella Farfarello y Jimena Troncoso.
Cabe destacar que previamente, luego de que se fugara del país, Cortez Fernández fue formalizado en ausencia en junio de 2022, lo que posibilitó la solicitud de extradición. Esta última se concretó este martes, cuando un avión con otras cuatro personas provenientes desde Estados Unidos llegó a Chile para proceder con sus respectivos procesos judiciales.
El fiscal jefe de Análisis Criminal del Biobío, Michelangelo Bianchi, destacó la celeridad con la que se produjo el proceso de extradición y la colaboración entre las instituciones relacionadas con el accionar de la justicia: el Ministerio Público, el Poder Judicial —a través de la Corte de Apelaciones de Concepción—, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los Estados Unidos.
El avión que trajo al imputado llegó al país este martes y el proceso continuó durante la jornada del miércoles con la audiencia de formalización de cargos. Esta última se realizó en horas de la tarde en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.
Durante la jornada, Cortez Fernández fue formalizado por homicidio calificado con las agravantes de alevosía y premeditación.
Tras la audiencia, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para culminar la investigación.
El hecho por el cual está siendo investigado se remonta a febrero de 2022 en la ciudad de Los Ángeles. La situación, según relató el fiscal de Análisis Criminal, causó gran conmoción "porque se produce en pleno centro de esa comuna, en horas de la tarde, donde a propósito de causar la muerte con arma de fuego a un sujeto determinado que resultó fallecido, se producen las agravantes o la calificante de alevosía y premeditación".
Bianchi agregó que con la audiencia de formalización y la medida cautelar otorgada por el tribunal, concluye —al menos— la etapa procesal que hace alusión al proceso de extradición, el cual "resultó, desde el punto de vista jurídico, exitoso para nuestra institución".
El persecutor valoró el trabajo de la PDI no solo por la indagación inicial, sino también por la búsqueda del imputado durante el tiempo en que se mantuvo prófugo.
"A través de fotografías de redes sociales y otras imágenes pudieron determinar el domicilio o los lugares de residencia de él en Estados Unidos y así se logró, finalmente, su detención y seguir con el proceso de extradición. En definitiva, resulta que el imputado trató de huir de la acción de la justicia y no lo logró, afortunadamente, en un periodo bastante corto de tiempo", expresó.
Bianchi recordó que en 2022 Los Ángeles registró numerosos hechos de violencia relacionados con la figura del sicariato.
En este caso particular, añadió, "la investigación arrojó que, precisamente, este imputado había sido contratado para causar la muerte a la víctima y así también se podía determinar con el video que tomaba el delito en cuestión, donde se veía la sangre fría con la que había actuado esta persona". El fiscal dejó en claro que se trataba más de un trabajo que de una actuación pasional o de una vinculación directa con la víctima.
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