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Mientras el secuestro se consolida como uno de los delitos más preocupantes a nivel nacional, impulsado por la expansión del crimen organizado, en la provincia de Biobío el panorama parece contenerse, al menos en cifras.
Así lo evidencian los registros del Ministerio Público que reportan una disminución en los casos respecto a 2024, en contraste con el alza sostenida a nivel país. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que, bajo esa aparente estabilidad, la región enfrenta una transformación silenciosa: los secuestros asociados a redes criminales complejas han comenzado a reemplazar los casos domésticos, marcando un nuevo patrón delictual en el territorio.
Según relató el miembro del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Felipe Harboe, el aumento de este delito a nivel nacional responde "principalmente a la mayor presencia de organizaciones criminales y el uso de este modus operandi como una forma de someter a bandas rivales".
Si bien el indicador entregado por la Fiscalía no posee un desglose regional, Harboe lamentó que "según las propias estadísticas, el Biobío ha mostrado un aumento sostenido en la participación de bandas criminales, foráneas y muchas que vienen de Santiago o del norte de Chile a instalarse en la región".
A su juicio, una primera medida para combatir este delito dice relación con un control efectivo de las fronteras, lo que requiere —probablemente— un despliegue masivo de las Fuerzas Armadas, tecnología y sistemas de control en todos los caminos y rutas de acceso desde sectores fronterizos hacia los poblados.
En segundo lugar, se requeriría de una "masiva operación a través de la PDI para hacer control migratorio en diferentes localidades, con el objetivo de identificar migrantes irregulares sin ningún tipo de identificación para enrolarlos y ver posibles vínculos con bandas criminales", agregó Harboe.
Asimismo, planteó la necesidad de fomentar un trabajo de inteligencia al interior de los recintos penales.
De igual forma, agregó que el aumento de penas para el delito de secuestro podría ser una alternativa: "El único punto es que no pueden ser mayores que las penas vinculadas al delito de homicidio, ya que el incentivo sería perverso: el delincuente preferiría matar a su víctima que secuestrarla".
A lo anterior, agregó que las condenas tengan "aplicación efectiva; es decir, sin posibilidad de obtener libertad condicional cuando se cumple 50% de la pena, por ejemplo. Para decirlo de otra forma, hay que aumentarle el costo a ese delito, pero sin generar un incentivo perverso para que el criminal aumente el nivel de violencia".
Una visión similar respecto al tema es la que tiene el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, Pablo Urquízar.
"La mayor presencia del crimen organizado transnacional explica el incremento general de los secuestros en el país. Hoy se ha constatado la presencia de al menos 12 organizaciones criminales transnacionales; la más conocida es el Tren de Aragua". — Coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, Pablo Urquízar.
Asimismo, añadió que —en la región del Biobío— el fenómeno de los secuestros —según el informe del Ministerio Público— ha mostrado un cambio preocupante, ya que en 2024 se consolidó un aumento significativo de casos vinculados al crimen organizado, superando el 40% del total y desplazando a las tipologías tradicionales asociadas a disputas familiares o domésticas.
"Este incremento refleja la penetración de redes criminales complejas en la región, con secuestros cada vez más planificados y violentos, relacionados principalmente con extorsiones y ajustes de cuentas", reflexionó.
La situación, concluye Urquízar, evidencia que la región del Biobío, al igual que otras del país, "enfrenta una reconfiguración delictual que exige fortalecer la persecución penal y el trabajo preventivo a nivel territorial con una estructura de inteligencia regional en base a una estrategia integral".
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