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Desde hace más de tres años que J.C.M.E. permanece en prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de robo con violencia, violación y homicidio, hecho ocurrido entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de octubre de 2021, en la comuna de Nacimiento.
Según la acusación, esa madrugada el hombre ingresó a un domicilio donde agredió a la víctima —identificada con las iniciales O.C.V.S.— propinándole golpes con pies y puños en el abdomen y la cabeza, lo que le hizo perder el conocimiento. En ese estado de indefensión, el imputado habría procedido a cometer el abuso para, luego, sustraer la ropa, un teléfono celular y las joyas de la mujer, con las que huyó.
La víctima falleció producto de asfixia por aspiración de contenido gástrico, consecuencia directa de un traumatismo encéfalo craneano. Además, presentaba múltiples fracturas y lesiones.
Desde su detención, ocurrida días después de los hechos, J.C.M.E. ha permanecido en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Concepción, luego que el Juzgado de Garantía de Nacimiento —a través de la magistrada Bárbara Leal Torrealba— decretara la medida cautelar el 29 de octubre de 2021.
El proceso investigativo se extendió por casi tres años, luego de sucesivas ampliaciones solicitadas por la Fiscalía. La última prórroga fue de 30 días y se autorizó en septiembre de 2022. La investigación se cerró en agosto de 2024 y la acusación formal se presentó un mes después.
La audiencia de preparación de juicio oral había sido fijada inicialmente para diciembre de 2024, pero se suspendió y se volvió a agendar para enero de 2025.
A solicitud de la defensa del imputado, la instancia fue reprogramada para el pasado 13 de mayo y, nuevamente, fue postergada para el 24 de junio. En dicha oportunidad, Gendarmería no logró poner al imputado a disposición del tribunal, al ser una audiencia telemática, lo que motivó la reprogramación para el 28 de julio a las 11:00 horas, en el Juzgado de Garantía de Nacimiento.
El Ministerio Público solicitará la pena de presidio perpetuo calificado, la sanción más alta que contempla la legislación chilena para este tipo de delitos, la que impide optar a beneficios antes de cumplir al menos 40 años de condena efectiva.
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