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Los homicidios registrados han aumentado en más de 45% desde 2021. Por ello, en la reciente Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric efectuó diferentes anuncios en seguridad pública, los que si bien constituyen avances, fueron cuestionados por el director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Álvaro Bellolio.
Específicamente, el académico calificó como "reactivos y poco estructurales" los anuncios presidenciales, en tanto que, a su juicio, Chile enfrenta una crisis de crimen organizado transnacional y narcotráfico con control territorial que requiere estrategias integrales, y no solo ajustes administrativos dispersos.
Los principales anuncios del mandatario incluyeron la extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, el impulso a un nuevo sistema de inteligencia criminal, el aumento del presupuesto para seguridad pública y el fortalecimiento del Ministerio del Interior. También, destacó inversiones en infraestructura policial y la creación de fiscalías especializadas para delitos complejos.
"Muchos de estos anuncios ya venían en ejecución o fueron promovidos por el Congreso y la oposición, por lo que se trata más de una recopilación de medidas dispersas que de una política coherente", evaluó Bellolio. El académico consideró que algunas medidas van en la dirección correcta, pero resultan insuficientes a la luz de la magnitud de la crisis.
El problema no radica en recursos, a su parecer, sino en el liderazgo, la coordinación y convicción política, aspectos que, dice, "han estado ausentes".
Los datos confirman el deterioro: junto con los homicidios, creció el número de bandas criminales extranjeras activas; la percepción de inseguridad alcanza niveles récord y el sistema de justicia penal permanece saturado. El porcentaje de condenas efectivas en delitos violentos mantiene niveles bajos.
"Hablar de logros en este contexto es, al menos, desafortunado. Lo que hay es una gestión reactiva, que llega tarde y muchas veces forzada por la presión social o parlamentaria", agregó Bellolio.
El experto propuso cuatro líneas prioritarias para abordar la crisis de seguridad. Primero, una reforma a la Ley Orgánica de Carabineros, que fortalezca las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia. Segundo, expulsiones inmediatas para extranjeros condenados por delitos graves, para que cumplan sus penas en sus países de origen y se mejore la reconducción fronteriza.
Como tercer eje, el académico instó a elaborar de un plan nacional contra el crimen organizado, con inteligencia financiera, trazabilidad de armas y decomiso patrimonial eficaz.
Finalmente, Bellolio planteó la necesidad de generar una agenda de prevención focalizada, con intervención en barrios críticos, recuperación de espacios públicos y programas efectivos para jóvenes vulnerables.
"La sensación de inseguridad no cambiará con campañas comunicacionales, sino con hechos concretos. Las personas necesitan ver que el Estado está presente", resaltó el especialista. Esto requiere más patrullajes, detención y sanción de responsables, recuperación de espacios públicos y protección a víctimas.
"Recuperar la percepción de seguridad pasa por reconstruir la confianza en la autoridad, y eso exige coherencia, firmeza y resultados", añadió el académico.
Para abordar la crisis, Bellolio sugirió levantar un acuerdo político transversal "que saque la seguridad del cálculo electoral y permita reformas profundas". Segundo, liderazgo claro y sostenido desde el Ejecutivo que marque prioridades y asuma costos.
Finalmente, "articulación real entre policías, fiscalía, jueces y municipios. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor, coordinar más y enviar una señal firme: en Chile el delito no paga y el Estado tiene el control", concluyó.
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