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Dirigentes y trabajadores de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) del país se movilizaron hacia el Ministerio de Justicia para entregar una carta oficio al ministro Jaime Gajardo. En el documento, denunciaron una serie de incumplimientos por parte de las autoridades que afectan gravemente al sector, y anunciaron un paro de actividades a partir del 2 de abril si no se cumplen sus demandas.
La marcha fue encabezada por representantes de la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a más de 2000 funcionarios de las CAJs. El principal reclamo es la falta de cumplimiento de un protocolo de homologación remuneracional firmado en agosto de 2023, que beneficiaba a los trabajadores más precarizados. Además, los dirigentes denunciaron problemas de infraestructura, oficinas cerradas por falta de personal y una sobrecarga de trabajo que afecta la salud mental de los empleados.
Marcelo Inostroza, presidente de Fenadaj, explicó que las medidas de presión incluyen un paro nacional a partir del 2 de abril. "Por el incumplimiento de los acuerdos a los que se ha arribado con el Ministerio y la ausencia de gestión de las direcciones generales, que no han sido todo lo proactivas ni suficientes en la gestión de las demandas funcionarias", señaló.
Los trabajadores advirtieron que la sobrecarga laboral ha llegado a niveles críticos, con algunos abogados manejando más de 2000 causas de forma simultánea, lo que ha deteriorado tanto el servicio prestado a los usuarios como el bienestar de los funcionarios. A esta situación se suma la falta de personal debido a que muchos cargos no han sido provistos, lo que ha obligado al cierre de algunas oficinas.
Los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial también denunciaron la precariedad de servicios clave como la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores (ODAM) y el Programa Mi Abogado, que brinda asesoría jurídica gratuita a niños, niñas y adolescentes. Según los dirigentes, estos programas "han sido invisibilizados en su precariedad" y carecen de soporte administrativo, lo que dificulta el cumplimiento de su mandato legal.
La gestión de concursos para proveer cargos permanentes también ha sido señalada como ineficiente, lo que ha afectado la capacidad de las oficinas para funcionar de manera adecuada. Si no se atienden las demandas, advirtieron que el paro podría extenderse de forma indefinida a partir de abril.
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