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La Contraloría General de la República ha dado luz verde al decreto que regula la reconducción inmediata de extranjeros que ingresen al país de manera irregular, así como la condición de refugio.
La entidad fiscalizadora confirmó el pasado viernes la aprobación del decreto promulgatorio para la Ley 21.655, un proyecto despachado el pasado 17 de enero desde el Congreso como parte del "fast-track" legislativo acordado en abril del 2023 entre el Gobierno y ambas cámaras, con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden público del país.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó en la importancia de esta ley que "modifica los procedimientos para la reconducción de ingresos irregulares en la frontera y la solicitud de refugio", asegurando que de esta manera se "fortalecerá la capacidad de control fronterizo del país".
La nueva ley de Migración y Extranjería, permite "realizar controles de identidad, registro de equipaje, detención y reconducción hasta 10 kilómetros del límite en caso de intentos de ingreso irregular. La normativa actual solo lo permite en la frontera", según indicó la secretaria de Estado.
La secretaria de Estado destacó que el proyecto es "una etapa previa en el proceso de solicitud de la calidad de refugiado, lo que permitirá evaluar y descartar con mayor rapidez los casos que no cumplan con los requisitos mínimos de admisibilidad para acceder al refugio".
La medida apunta a sancionar con presidio la entrada irregular y tras el cumplimiento de la pena, fija la expulsión del extranjero, con excepciones a dicha norma.
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