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Ordenan aplicar plan de protección a víctimas de ataques en “Hostal Doña Pola” de Alto Biobío

Los trabajadores del reconocido hospedaje fueron reducidos por siete encapuchados armados en agosto de 2021, siendo insultados, amedrentados y golpeados con puños y pies. La delegada regional manifestó que “son denuncias que se hicieron en el gobierno anterior”.


 Por Cristian Salazar

HOSTAL DOÑA POLA 1

La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por víctimas de la denominada “violencia rural” de la comuna de Alto Biobío, y le ordenó a la Delegación Presidencial del Biobío adoptar las coordinaciones necesarias para prevenir la reiteración de episodios en la región como los denunciados.

La acción judicial fue presentada el año 2021 por parte de los propietarios del Hostal “Doña Pola”, ubicado en el kilómetro 74 de la ruta hacia Alto Biobío, donde se denunciaron diversos hechos de violencia y amenazas por parte de encapuchados que indicaron ser miembros de la comunidad pehuenche de Callaqui.

ATAQUE DE ENCAPUCHADOS

En un recurso de protección ingresado por el abogado de las víctimas de violencia del Hostal Doña Pola a la Corte de Apelaciones de Concepción el pasado 20 de agosto de 2021, se entregaron detalles de los hechos de violencia sufridos por las víctimas.

Se relató que “durante el año 2018 y 2019, un grupo de individuos, alegando reivindicaciones y otros argumentos, decidieron acceder al resto del fundo Reñilhueno, correspondiente a la propiedad de la familia Guzmán, como se refirió, procediendo a intimidar a las familias que en dicho inmueble habitaban, las que finalmente fueron desplazadas bajo amenazas de muerte, oportunidad que fue ratificada por miembros de la comunidad pehuenche de Callaqui”.

En el mismo documento, se precisó que “el último acontecimiento ocurrido el día viernes 13 de agosto de 2021, aproximadamente a las 16 horas, ingresaron al recinto Hostal Doña Pola, 7 personas con rostros cubiertos con pasamontañas, llegando hasta el interior del recinto, sector restaurant, donde procedieron a reducir a dos trabajadores (…) a quienes insultaron, amedrentaron y golpearon con golpes de puño y pie, preguntándoles por el dueño del lugar”.

A lo anterior, se agregó que “a las 18 horas el señor Arzola Guajardo llega y se encuentra con 7 sujetos con rostro cubierto y con los dos trabajadores retenidos contra su voluntad. Le señalaron que eran miembros de la Comunidad Pehuenche Callaqui, que el complejo Hostal doña Pola y todos quienes tienen casas al interior debían hacer abandono en un plazo máximo de un mes y que procederían a instalar lienzos con alusiones reivindicativas”.

En el documento también se precisó que “esta amenaza de expulsar a los propietarios ubicados al interior del Hostal Doña Pola, forma parte de una planificación mayor consistente en avanzar posteriormente al sector Aguas Blancas (5 kilómetros al poniente del hostal) y continuar con otros predios de particulares. Además, en la noche del 18 y 19 de agosto de 2021, se han escuchado por los residentes del hostal, disparos percutados por desconocidos en distintas hora y cantidad, lo que constituye un evidente hostigamiento por parte de quienes, escondiendo sus identidades bajo capuchas o la oscuridad de la noche, dicen ser miembros de la Comunidad Pehuenche Callaqui”.

DETALLES DE LA RESOLUSIÓN DE LA CORTE SUPREMA

En este caso, en la sentencia la Tercera Sala del máximo tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, y en su lugar, acogió la acción cautelar al considerar que  existen riesgos evidentes de afectación al derecho a la integridad física, síquica, libertad ambulatoria y de propiedad de los recurrentes.

El escrito indicó que, para la Corte Suprema, “se acoge el recurso de protección (…) solo en cuanto se dispone que la Delegación Presidencial Regional, al tenor de sus facultades entregadas por la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, deberá –previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes– implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas recurrentes que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra, debiendo informar dentro del plazo de 30 días a la Corte de Apelaciones respectiva”.

“SON DENUNCIAS QUE SE HICIERON EN EL GOBIERNO ANTERIOR”

La delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner, se refirió a este tema, comentando que “hay una declaración de la Corte Suprema que es a propósito de un caso que se inició en agosto de 2021, que corresponde al gobierno anterior. Sin embargo, es algo que nos preocupa y que nos estamos haciendo cargo, el Estado de Excepción es parte de eso, pero también el incremento de las capacidades de las policías en donde seguimos avanzando, el Plan Buen Vivir para poder llegar a las soluciones de fondo”.

Junto con ello, manifestó que “en ambos casos son denuncias que se hicieron en el gobierno anterior, pero voy a insistir en esto donde nos estamos haciendo cargo de estos problemas desde que entramos, y vamos a seguir haciéndolo y ocupando todas las herramientas que sean las que nos entregue el Estado de Derecho para poder entregar mayor y mejor seguridad para las personas que viven en estos sectores”, finalizó.


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