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La Tribuna

Rechazo total genera atentado a empresa de camiones ligada a Carlos Heller

por Benjamín Ahumada

El gobernador de Biobío, Luis Barceló, y parlamentarios de la Provincia, de distintos sectores, condenaron la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser, de propiedad del grupo Bethia, en San José de la Mariquina, región de Los Ríos.

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Hasta la comuna de Mariquina llegó a primera hora el intendente de la región de Los Ríos, Ricardo Millán, para conocer en terreno los daños provocados por el incendio que afectó a 29 camiones de la empresa Sotraser, ligada al grupo Bethia, de propiedad del reconocido empresario angelino Carlos Heller, los cuales se encontraban aparcados en un recinto privado ubicado en el kilómetro 790 de la Ruta 5 Sur.

Según información que entregó Carabineros en el lugar el siniestro fue provocado, tal como lo indicó el guardia de seguridad del recinto, quién contó que fue atacado y reducido por un grupo de aproximadamente 7 personas, las cuales procedieron, posteriormente, a quemar las maquinarias utilizando artefactos incendiarios.

Durante la mañana las autoridades de Gobierno esperaron que Carabineros entregara el parte definitivo para ver los antecedentes que permitieran saber el contexto exacto en que se produjeron los hechos, para luego anunciar las acciones que adoptaría el Ejecutivo.

El primero en emitir un pronunciamiento fue el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien calificó lo sucedido como atentado.

“Como Gobierno nosotros condenamos este tipo de hechos, estamos esperando que el fiscal regional nos dé los datos para poder efectivamente establecer qué tipo de ley vamos a aplicar en este caso", declaró.

Luego le siguió la Presidenta Bachelet, quien aseguró que la violencia en la zona iba a ser combatida. "No vamos a tolerar que grupos minoritarios que no valoran el diálogo echen por tierra el gran esfuerzo que todos los actores está haciendo en el sur para promover el desarrollo, y superar la exclusión", dijo la mandataria.

Entre las medidas que el Gobierno estudiaba aplicar a raíz de lo ocurrido en Mariquina estaban el querellarse por la Ley Antiterrorista o decretar algún estado de excepción constitucional en la zona.

En paralelo, el fiscal nacional deslizó una crítica a los empresarios dueños de camiones como los atacados en Los Ríos, afirmando que tienen una importante responsabilidad en la “custodia de sus bienes”.

“Que existan 35 camiones, que exista un dispensador de bencina y una sola persona (guardia), me parece francamente una decisión de parte de los empresarios que no dice con el riesgo que provoca el quehacer empresarial en ese sector”, señaló.

Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata de la empresa Sotraser. En un comunicado, el gerente general de la compañía, Claudio Troncoso, manifestó que "junto con reiterar nuestro rechazo a este atentado, lamentamos las declaraciones de la autoridad responsabilizando a las empresas por no tener mayor protección".

“Nuestro foco está en el desarrollo económico y social de Chile. Mantener la seguridad y paz de los chilenos es tarea del Estado”, expresó el ejecutivo.

El documento incluye también una estimación de la empresa respecto del avalúo de los daños, el que estima en US$6 millones, y de los puestos de trabajo que se verían perjudicados con la quema de estos 29 camiones, los que fueron cifrados en 70.

REPERCUSIONES EN BIOBÍO

El hecho que este nuevo “atentado”, como fue calificado por el subsecretario Aleuy, afectará una flota de camiones de una empresa ligada al empresario afincado en Biobío como es Calos Heller, generó reacciones a nivel local tanto en el ámbito político como empresarial.

El gobernador provincial, Luis Barceló, se unió a la condena que hizo el Gobierno de los hechos. “Es un atentado deliberado y doloso, tendiente a quemar la mayor cantidad de camiones y no podemos si no que estar dolidos, porque se ha afectado a un empresario que desde hace algunos años, aun cuando no siendo familia originaria de Los Ángeles han pasado a radicarse acá, desde ese punto de vista, obviamente, que también lo lamentamos”, pronunció la autoridad.

El diputado por la zona, José Pérez, también expresó su rechazo a lo acaecido en Mariquina, señalando que “no hay ninguna razón para que de esa forma se pretenda que se va a resolver algún tema. El diálogo, la conversación es la forma de plantear los temas y que el Estado vaya a buscar una solución a ellos. Pero me parece que en forma reiterada estemos siendo informados de la quema de camiones y de maquinaria agrícola, de predios y de casas nos parece una situación rechazable bajo todo punto de vista”, sostuvo el parlamentario.

Su par por Biobío Cordillera, Roberto Poblete, dijo que lo sucedido en las cercanías de Valdivia fue un atentado contra la gente que trabaja. “Hemos estado en contacto con las personas que conducen estos vehículos, estas máquinas de trabajo y ellos están, particularmente, muy contrariados, porque la verdad es que son ellos los que se exponen la mayoría de las veces. Afortunadamente, no estaban ellos ahí o en persona conduciendo su vehículo, pero la mayoría de las veces han sido muy afectadas y nadie ha considerado este factor humano”, enfatizó.

Algo más duro en su apreciación fue el senador UDI Víctor Pérez Varela, quien aseguró que detrás de estos hechos hay grupos organizados que tiene por objetivo causar terror y miedo en la población.

“Eso en todas las partes del mundo es terrorismo. Aquí le tocó hoy día a un empresario dueño de 29 camiones, hace algunos días le había tocado a otro (…) el problema es que no hay resultados, el Gobierno presenta querellas, pero siguen quemando camiones, los grupos violentistas siguen actuando. Creo que aquí la autoridad tiene que demostrar con resultados para derrotar a estos grupos, aislarlos y llevarlos a la justicia”, recalcó el legislador.

Su homólogo PPD, Felipe Harboe, consideró un hecho gravísimo la quema de los 29 camiones en Los Ríos, lo que a su juicio genera un ambiente de impunidad en torno a este tipo de atentados. “Esto puede afectar gravemente nuestra imagen internacional. Ya es recurrente la quema de camiones, la quema de predios y aquí algo está ocurriendo que la institucionalidad, particularmente, la policial, la investigativa, no está siendo capaz de prevenir y tampoco de reaccionar adecuadamente con condenas tempranas”, dijo.

DECLARACIÓN EMPRESA

Mediante un comunicado Sotraser repudió el atentado del que fueron víctimas 29 camiones de su propiedad en las cercanías de Valdivia.

“La madrugada de este lunes se sumó un nuevo hecho de alta violencia contra el sector, luego de que 29 camiones pertenecientes a la empresa Sotraser que presta servicios forestales en la XIV región, fueron quemados intencionalmente por sujetos encapuchados, provistos de armas de fuego, según lo declarado por testigos en el lugar”, se lee en su primer párrafo.

En el documento el gerente de la Acoforag, René Muñoz, manifiesta que lo acontecido “refleja la difícil situación por la que deben atravesar a diario no sólo nuestros asociados, sino que todo el sector forestal en la macrozona Biobío, La Araucanía y Los Ríos”.

El ejecutivo agrega en la carta “que “hay una absoluta falta de inteligencia policial en la macrozona de conflicto, lo que hace que estos hechos queden muchas veces sin culpables y con empresas endeudadas y trabajadores sin empleo. Por lo que solicitamos al Gobierno con urgencia la creación de una fuerza de inteligencia conformada por Carabineros y las Fuerzas Armadas”.

“Con este tipo de hechos podemos darnos cuenta de la incapacidad del Estado para entregar condiciones de seguridad mínimas para nuestros trabajadores. Hemos sido reiterativos y pese a ello, no escuchados por el Gobierno, por lo que hoy y a la vista de los reiterados ataques, exigimos también: que se establezca un Estado de Excepción en las zonas de conflicto en las regiones Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, añadió el gremialista.

En la misiva el representante de la empresa asegura que “como asociación solicitan al Gobierno la intervención en zonas conflictivas de tal forma de sacar los elementos extremistas, además de vigilancia policial en cada una de las instalaciones de transportistas forestales que están hoy expuestos a estos ataques”.

“Finalmente Muñoz, a nombre de Acoforag reiteró su apoyo y solidaridad a la empresa Sotraser, afectada por este atentado. A sus trabajadores y familias, asegurando que como gremio no descansarán hasta ser escuchados por el Gobierno, para  que de una vez por todas el Estado se haga cargo  de la seguridad para cada uno de los trabajadores y empresarios de éste  país”, concluye el texto.

GREMIOS PIDEN MANO DURA

Muy temprano comenzaron a contactarse los gremios y los empresarios. Poco a poco y, a través de redes sociales, quedaba al descubierto un nuevo atentando a empresarios transportistas, pero esta vez no a cualquiera.

El primero en conversar con Radio San Cristóbal y Diario La Tribuna fue el gerente de los trabajadores contratistas del sector forestal, Acofarag, René Muñoz quien dijo que: “este nuevo ataque incendiario en San José de la Mariquina “refleja la difícil situación por la que deben atravesar a diario no sólo nuestros asociados, sino que todo el sector forestal en la macrozona Biobío, La Araucanía y Los Ríos”.

Muñoz manifestó además que “hay una absoluta falta de inteligencia policial en la macrozona de conflicto, lo que hace que estos hechos queden muchas veces sin culpables y con empresas endeudadas y trabajadores sin empleo. Por lo que solicitamos al Gobierno con urgencia la creación de una fuerza de inteligencia conformada por Carabineros y las Fuerzas Armadas”.

En tanto, desde la Multigremial de Biobío, su vicepresidente, Rolando Merino exigió al gobierno que decrete el Estado de Excepción en la zona: “se vuelve un imperativo el que se declare estado de excepción en una zona que está cayendo cada vez más en la violencia y la desaceleración económica.

En este sentido, dijo que la presencia del subsecretario Mahmud Aleuy en la zona, por instrucción de la Presidenta Michelle Bachelet, es –al menos- un indicador de la gravedad de este hecho y de que se está reconociendo el clima que está viviendo la gente en el sur.

De hecho, expresó Merino, “la violencia y terrorismo asociado al conflicto indígena son una verdadera tragedia para la zona centro sur del país y es hora de que las autoridades tomen en cuenta este hecho antes que tengamos que seguir lamentando tragedias. Es como un terremoto, una inundación o cualquier otra catástrofe porque están sepultando, ante la mirada impávida de toda una sociedad, las ganas de invertir, trabajar y desarrollarse de todo una región de gente honesta y trabajadora. Se está muriendo el turismo y la calidad de vida, incluso para nuestros niños”, sentenció.

Mientras que desde la Corporación Chilena de la Madera, Corma dijeron creer que el Estado no hará nada para detener los hechos de violencia.

En su comunicado de prensa recalcan que “el Estado ha mostrado incapacidad total de garantizar sus derechos constitucionales a los habitantes de La Araucanía y áreas afectadas de Los Ríos y Biobío Sur.”

La Corma además hace un llamado “a los sectores políticos a fortalecer su apoyo a la causa de la paz. No podemos seguir siendo indiferentes ni menos justificar tácitamente actos que son injustificables en una democracia civilizada. Grupos minoritarios violentistas, amparados en la impunidad casi total, tienen de rehén a una región y áreas crecientes de otras, sumiéndolas en la pobreza, destruyendo su estructura productiva y sembrando el miedo y la inseguridad entre sus habitantes”.

Finalmente, la Multigremial del Sur, MGS relató en una declaración pública que “es indispensable que el foco se coloque donde corresponde, y esto es una mínima garantía de paz para quienes son los verdaderos motores del progreso de Chile, y donde, a su vez, la representatividad política y las propuestas de ley parecen haberle olvidado.

Finalmente, queremos solicitarle a la opinión pública que también busque las vías para expresar su malestar. Es de suponer que no es del gusto de nadie vivir en estado de permanente inseguridad, y es algo que se hace imposible de sostener en la invisibilidad, dado los últimos hechos ocurridos en el sur del país, donde la forma de atentado comparte características, en el entendido que estos grupúsculos están articulados por intereses internacionales y cuyas operaciones dan cuenta de la imposibilidad de diálogo alguno”.

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