Hace unos días, la fiscalía regional de La Araucanía inició una investigación de oficio a partir de las denuncias sobre grupos anónimos en Telegram, donde se compartían videos y fotografías íntimas de mujeres sin el conocimiento de estas. De acuerdo con lo publicado en la prensa nacional, estos grupos no solo compartían material audiovisual, sino que también se realizaban encargos de contenido explícito sobre personas específicas.

Este caso no es aislado, sino que forma parte de un fenómeno que se ha acrecentado en el mundo y en nuestro país, denominado machósfera, también conocida como manosfera (del inglés manosphere). De acuerdo con el académico Dr. Simón Copland, estas comunidades se presentan como una serie de grupos diferentes que creen que, en general, las mujeres han influido negativamente en la política, la economía y la sociedad. Su principal objetivo es ejercer violencia digital, promoviendo discursos hostiles contra las mujeres e ideas de superioridad.

Por su parte, un estudio publicado en 2026 por las investigadoras, Nicola Henry, Courtney Vowles y Gemma Beard examinó las interacciones en 47 sitios web que alojaban o facilitaban el intercambio no consentido de imágenes íntimas. El estudio identifica dinámicas de interacción que refuerzan las normas de género y muestra cómo los comentarios degradantes pueden funcionar como rituales de masculinidad y formas de solidaridad entre los usuarios.

Es en el contexto de estas estructuras donde surgen comunidades digitales como la denunciada en La Araucanía, cuyos miembros llegaban a superar los mil usuarios. La violencia simbólica y digital presente en este tipo de grupos está contemplada en la Ley N.º 21.675, conocida como Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres debido a su Género.

Si bien hoy contamos con una ley que aborda este tipo de violencias, es necesario reconocer como sociedad la importancia de instalar el tema en las conversaciones familiares, las mesas institucionales y sectoriales, así como en la sociedad civil. Desde las políticas públicas, se requiere educar en ciudadanía digital y reforzar la educación no sexista en las escuelas y liceos.

El daño a la salud mental que experimentan las víctimas de este tipo de violencia es significativo y atenta contra el bienestar integral de mujeres y niñas. La mejor herramienta para prevenir la proliferación de estas comunidades digitales es la respuesta clara y articulada de una sociedad que no pase por alto este tipo de delitos y trabaje de manera conjunta para enfrentarlos.

Patricia Gómez

Directora de Trabajo Social UST Los Ángeles.