La reciente detención de uno de los principales líderes de la denominada Resistencia Mapuche Lafkenche constituye una señal clara para todos quienes durante años creyeron que podían actuar al margen de la ley. También representa una noticia esperanzadora para miles de familias del sur de Chile que han debido convivir con el temor, la incertidumbre y las consecuencias de la violencia.

Este hecho demuestra que el Estado puede llegar donde algunos pensaron que nunca llegaría. Demuestra que las instituciones funcionan cuando existe decisión, coordinación y perseverancia. Y demuestra, además, que en Chile no existen personas intocables ni lugares donde la ley deje de aplicarse.

En la provincia de Biobío conocemos esta realidad de cerca. Sabemos que la violencia no reconoce límites administrativos y que sus consecuencias pueden afectar a cualquier comunidad, trabajador o familia del sur de Chile. Por eso esta detención no debe entenderse únicamente como un hecho ocurrido en otra provincia. Es una señal para toda la Macrozona Sur y también para nuestro territorio.

Convivimos diariamente con comunidades pehuenches y vemos a personas que trabajan, que mantienen vivas sus tradiciones, que practican su espiritualidad y que buscan construir un mejor futuro para sus familias. También sabemos que, como ocurre en cualquier parte, existen grupos minoritarios que optan por el camino de la violencia. Pero una cosa no puede confundirse con la otra.

Durante demasiado tiempo, grupos violentos intentaron esconder sus delitos detrás de causas legítimas y demandas que nada tienen que ver con los atentados, la intimidación o el terrorismo. Han pretendido apropiarse de tradiciones, símbolos culturales e incluso de reivindicaciones históricas para justificar acciones criminales. Sin embargo, la inmensa mayoría de las personas quiere vivir en paz, desarrollar sus proyectos de vida y progresar dentro del Estado de Derecho. Quienes atacan, queman, amenazan o asesinan no representan ese anhelo; representan únicamente a la violencia y la delincuencia.

También vemos un Estado presente. Esta misma semana, el seremi de Desarrollo Social, junto al alcalde de Alto Biobío, visitó la comunidad de Trapa Trapa, en Butalelbún, para facilitar el acceso al subsidio del gas a familias que enfrentan dificultades de conectividad y aislamiento geográfico. Allí vemos cómo el Estado llega con soluciones concretas, escucha las necesidades de las personas y trabaja para mejorar su calidad de vida. Ese es el camino que permite construir desarrollo, fortalecer comunidades y generar oportunidades.

Esa es la diferencia que Chile debe comprender con claridad. Por una parte, están quienes buscan oportunidades, bienestar y progreso para sus familias. Por otra, grupos organizados que utilizan la violencia para imponer sus intereses y que intentan presentarse como representantes de una causa que no les pertenece.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha sido categórico: el terrorismo no será tolerado. Quienes busquen sembrar miedo, destruir fuentes de trabajo, atacar a familias o desafiar al Estado de Derecho serán perseguidos y llevados ante la justicia. No habrá espacios de impunidad para quienes creen que la violencia puede transformarse en una herramienta para imponer sus objetivos.

Los habitantes del sur conocemos mejor que nadie el daño que provocan estos grupos. Sabemos lo que significa que un agricultor vea destruido el esfuerzo de toda una vida. Sabemos lo que significa para un trabajador perder su fuente laboral producto de un atentado. Sabemos lo que sienten las familias que durante años han debido convivir con la incertidumbre y el miedo.

Por eso esta detención tiene un significado que va mucho más allá de una investigación policial. Es una señal de que las cosas están cambiando. Es una señal de que la impunidad retrocede. Es una señal de que quienes optaron por el camino de la violencia están comprendiendo que tarde o temprano deberán responder por sus actos.

Estoy seguro de que este sentimiento es compartido por miles de vecinos de Biobío, por nuestros vecinos de la provincia de Malleco y por tantas familias de la Macrozona Sur que durante años han sufrido las consecuencias directas de estos grupos violentos. Los ciudadanos honestos quieren paz, quieren seguridad y quieren justicia. Quieren vivir en un país donde la ley se aplique por igual y donde nadie pueda imponer el miedo por la fuerza.

La caída de este líder radical constituye mucho más que la captura de una persona. Representa la caída de un símbolo de la impunidad que durante demasiado tiempo intentó instalar la idea de que existían lugares donde el Estado no podía llegar. Hoy la realidad demuestra exactamente lo contrario.

La señal para Chile es inequívoca: no existen territorios liberados, no existen delincuentes intocables y no existe espacio para la impunidad. El Estado de Derecho está presente, las instituciones funcionan y la ley llega a todos.

Juan Pablo Mellado

Delegado presidencial provincial de Biobío