Ante la indicación del Gobierno hacia las instituciones de salud y educación, solicitando que entreguen antecedentes de contacto (dirección, teléfono y correo) al Servicio Nacional de Migraciones, la respuesta, al menos de la ministra de Salud, ha sido categórica, de que esto sería una vulneración de los derechos a la privacidad de las personas. Opiniones similares han surgido de diferentes instituciones, incluyendo a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y a la Iglesia Católica, a través del cardenal Chomalí, que, casualmente, es hermano de la ministra.

Esta medida es aplicable exclusivamente cuando existe un proceso de expulsión ya en curso, para materializar notificaciones. Creo sinceramente que es un nuevo paso en falso por parte de las autoridades, puesto que el rol del personal de salud es garantizar las atenciones médicas y preservar la vida de quienes consultan, y no ser un informante de la situación migrante de las personas.

No podemos transformarnos en un Estado policial, en el cual cualquier ciudadano tenga temor al ser atendido. El equipo de salud tiene un rol muy diferente, y ya son muchas las tensiones y demandas que debe afrontar a diario como para recargarlos aún más.

Si es necesario obtener esta información, son otras instituciones las responsables, como Carabineros, PDI y Registro Civil, etc., que pueden y deben estar presentes en los hospitales y urgencias.

El derecho a la privacidad del paciente es una norma que no puede ser vulnerada; es la garantía de que será respetado desde el momento en que consulta hasta el alta. Está en el juramento hipocrático que cada médico realiza al momento de ejercer su profesión.

Situaciones como esta están creando un clima de desafección y rechazo transversal, que no tiene que ver con la política, sino con la razón y el bien común de todas las personas.

Dr. Luis Correa Devia