La seguridad es un tema que preocupa mucho en el día a día y dejó hace mucho de ser una estadística fría. En la provincia del Bio Bio se transformó en un tema cotidiano que cambio la dinámica del quehacer diario de las familias, de los comerciantes, de los conductores de taxis, de los que se desempeñan en consultorios, de los transportistas y de quienes sienten que el narcotráfico y el crimen organizado comenzó a instalarse silenciosamente en barrios, comunas y en el último tiempo comienza a expandirse a zonas rurales. 

Distintos hechos de conocimiento público, testimonios de afectados y estudios especializados sobre la materia dieron cuenta de nuevas formas de criminalidad. En ese contexto, comenzamos a conocer casos de sicariatos e incluso episodios de enfrentamiento y disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico. 

Para hacerse cargo de este flagelo y enfrentar con acciones y decisión el problema el Gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció con fuerza el denominado "Plan Calle Sin Violencia", muchos esperábamos una estrategia robusta, permanente y con presencia efectiva en las comuna y espacios más golpeados por la delincuencia y el narcotráfico.

Sin embargo, con el paso del tiempo y con el cambio del Gobierno, la pregunta es inevitable: ¿qué fue realmente de ese plan?

En la región del Bio Bio, el programa se concentró inicialmente en tres comunas: Concepción, Coronel y Los Ángeles. Mientras tanto otras comunas de la provincia, donde también se evidenciaban fenómenos de narcotráfico, violencia armada y aumento de delitos violentos, quedaron fuera de la intervención, pese a las solicitudes reiteradas de autoridades locales y parlamentarios. 

El problema fue precisamente ese: se diseño una política centralizada, limitada y reactiva, en circunstancias que el crimen organizado no distingue fronteras comunales. Mientras algunas zonas recibían recursos extraordinarios, otros debian enfrentar la expansión del delito prácticamente con las mismas herramientas de siempre.

Y las cifras obligan a una reflexión seria. Un estudio de Faro UDD reveló que, en las comunas del Biobío incorporadas al plan, la frecuencia de homicidios aumentó un 19,4%, mientras que en comunas fuera del programa los homicidios disminuyeron un 21,7%. Además, en las comunas intervenidas aumentaron delitos como robos con violencia e intimidación y porte de armas. 

Eso demuestra que no basta con anuncios comunicacionales ni con operativos esporádicos. Se requiere inteligencia policial, control territorial permanente, fortalecimiento de las fiscalías, recuperación de espacios públicos y una coordinación real entre el Estado y los municipios.

La provincia de Biobío necesita una estrategia de seguridad propia, acorde a su realidad. Los Ángeles ha debido enfrentar episodios de violencia asociados al narcotráfico y al crimen organizado; Mulchén, Cabrero, Nacimiento y otras comunas también han visto cómo aumentan los delitos violentos y la sensación de inseguridad. El delito muta y se desplaza rápidamente cuando no existe una política integral.

Incluso quienes defendieron el plan terminaron reconociendo que debió ser reformulado varias veces, ajustando focos, metodologías y territorios intervenidos. Eso evidencia improvisación y falta de una evaluación clara desde el inicio.

Por supuesto, cualquier disminución de homicidios o recuperación de espacios públicos debe valorarse. Reconozco, agradezco y valoro el trabajo y esfuerzo de Carabineros, la PDI o el Ministerio Público. Pero también es cierto que el Gobierno anterior prometió una política capaz de frenar el avance del crimen organizado y los resultados fueron, al menos, insuficientes y desiguales según las comunas y Provincias. 

En los últimos días, los operativos realizados en Los Ángeles contra bandas vinculadas al narcotráfico han demostrado que cuando existe coordinación efectiva entre Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, sí es posible golpear con fuerza al crimen organizado. Ese es el camino que fortalece las políticas públicas de seguridad: acciones concretas, permanentes y con presencia territorial real. Precisamente por eso, resulta aún más evidente que el Plan Calle Sin Violencia quedó al debe, y hoy muchas comunas se encuentran sin respuestas oportunas para enfrentar la delincuencia.

La provincia de Biobío no puede seguir esperando. El combate al delito requiere convicción, continuidad y decisión. Y, sobre todo, requiere entender que la seguridad de las familias hoy es una prioridad.