Chile necesita volver a hablar de forestación, pero esta vez en serio. No como una consigna ambiental vacía ni como una reedición de políticas del pasado, sino como una herramienta concreta de desarrollo, empleo y ordenamiento territorial. Porque lo cierto es que amplias zonas rurales siguen estancadas, con suelos degradados, sin inversión y con pocas alternativas productivas reales para pequeños y medianos propietarios.

El país ya conoció los efectos del Decreto Ley 701. Este permitió expandir la superficie forestal y posicionar a Chile como potencia exportadora, pero también dejó una huella profunda: concentración de la propiedad, monocultivos extensivos y una desconexión evidente con las comunidades donde esa actividad se instaló. No se trata de negar ese proceso, sino de entender que hoy las condiciones son otras y las exigencias también.

La discusión actual no puede centrarse en si se fomenta o no la forestación, sino en cómo se hace y para quién. Porque sin un instrumento moderno de apoyo, los pequeños y medianos productores simplemente quedan fuera. No tienen espalda financiera para esperar años por retornos, ni acceso a herramientas que les permitan reconvertir o diversificar sus predios. Mientras tanto, el abandono del territorio sigue avanzando. Para ser más claro, creo que debemos tener un sistema de fomento a la forestación 2.0.

Un nuevo mecanismo de fomento forestal que parta desde la equidad. No puede transformarse en un nuevo impulso para los grandes actores, que ya cuentan con escala, financiamiento y posición consolidada. El foco tiene que estar en quienes hoy no tienen cómo entrar a esta actividad, pero sí podrían hacerlo si el Estado decide acompañar de verdad.

Este debate tiene que incorporar una variable que durante demasiado tiempo fue ignorada: la interfaz entre zonas habitadas y plantaciones forestales. No es aceptable seguir expandiendo superficies sin planificación, acercando masas forestales continuas a viviendas, caminos o centros poblados sin resguardos adecuados. Los incendios de los últimos años han sido una señal brutal de lo que ocurre cuando el territorio se ordena mal o simplemente no se ordena.

Es necesario reforestar las 400 mil hectáreas arrasadas por los incendios de 2023, que aún presentan los efectos del fuego. Se trata de recuperar no solo las plantaciones de pino y eucalipto, sino también incorporar la reforestación con especies nativas, que fomente el patrimonio biodiverso del país.

Fomentar la forestación hoy implica también establecer límites claros, franjas de seguridad, diversificación de especies y criterios de diseño que reduzcan riesgos. No es solo plantar árboles, es entender cómo conviven esos árboles con las personas. La seguridad de las comunidades no puede ser una externalidad del modelo.

Al mismo tiempo, el país tiene una oportunidad evidente. La demanda por soluciones basadas en la naturaleza, la captura de carbono y los materiales sustentables está creciendo en todo el mundo. Chile podría aprovechar esa ventana, pero solo si construye un modelo distinto: más diverso, más integrado y con mayor valor agregado local.

En la región del Biobío, donde la historia forestal es parte de la identidad productiva, es urgente reforestar. Esto significa empleo, recuperación de suelos, dinamismo económico y también mayor cohesión social en territorios que hoy sienten que el desarrollo pasó por el lado.

El Estado no puede seguir ausente o limitado a regulaciones parciales. Se requiere una señal clara: un mecanismo moderno de fomento a la forestación que corrija los errores del pasado, que ponga en el centro a los pequeños y medianos productores, y que entienda que el desarrollo forestal del siglo XXI no puede construirse de espaldas a las personas.

Gastón Saavedra Chandía, senador de la República