En los últimos años, hablar de seguridad ciudadana se ha vuelto parte de nuestra conversación diaria. No hay café, reunión familiar o espacio público donde no se escuche una historia relacionada con la delincuencia. Sin embargo, cuando revisamos los datos, el panorama es más complejo —y, en algunos aspectos, menos alarmante— de lo que la sensación general nos sugiere.

Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), avalada por el INE en 2023, un 87,6% de los chilenos percibía un aumento de la delincuencia, la segunda cifra más alta en una década. Pero cuando observamos la victimización real, es decir, los hogares que efectivamente sufrieron un delito, el porcentaje fue de 21,7%, una baja significativa respecto al 28% de 2017.

Esta distancia entre percepción y realidad no es menor. Y como abogado que ejerce en la ciudad de Los Ángeles, veo a diario cómo el miedo —a veces más que el delito mismo— impacta la convivencia, la confianza en las instituciones y la forma en que exigimos justicia.

La raíz de esta brecha, en buena medida, está en la forma en que se comunican los hechos delictivos. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, continúan siendo la principal fuente de información para un 67% de los chilenos, según el estudio "Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile 2024" de la PUCV. Y si bien cumplen un rol necesario en visibilizar la realidad, también es innegable que la lógica del impacto, la urgencia y el dramatismo ha contribuido a un clima de temor constante.

Basta observar los datos del Observatorio de Homicidios del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, que muestran cómo la crisis de homicidios tuvo su origen entre 2016 y 2017, con aumentos sostenidos hasta 2020, una baja en 2021, un peak en 2022 (1.330 casos) y una disminución en 2023 (1.248). Durante el primer semestre de 2024, las cifras han seguido a la baja (579 casos). Si bien no debemos minimizar el drama que implica cada vida perdida, los números muestran un escenario más equilibrado del que muchas veces percibimos.

De hecho, el Índice de Paz Ciudadana 2024 refuerza esta paradoja: la victimización se mantuvo en un 32%, una de las más bajas en dos décadas, pero el alto temor llegó al 27,4%, la tercera cifra más alta en 24 años.

El desafío, entonces, no es solo reducir los delitos, sino también reconstruir la confianza pública y la percepción de seguridad. Esto implica políticas públicas más efectivas, pero también una responsabilidad compartida entre autoridades, medios y ciudadanía: informar con rigor, contextualizar las cifras y no permitir que el miedo se vuelva política o espectáculo.

Desde nuestra perspectiva en Los Ángeles, donde la comunidad aún conserva rasgos de cercanía y colaboración, tenemos una oportunidad: promover una cultura de seguridad basada en datos, prevención y educación cívica, más que en el temor y la desconfianza.

La seguridad no solo se garantiza con más leyes o policías; también se construye con información veraz, con sentido de comunidad y con una ciudadanía crítica que sepa distinguir entre el hecho real y la sensación amplificada.

Marcelo Díaz

Abogado y socio fundador del Estudio Jurídico Díaz y Arismendi

Los Ángeles