Pocos días atrás, un medio de prensa publicaba el nivel de ingresos, las profesiones y experiencia de los nuevos equipos del Ministerio de Seguridad Pública. Se suma a esta noticia los cuestionamientos que ha habido a los bonos que se les estarían pagando por su gestión, a solo meses de haber iniciado su funcionamiento. La pregunta es qué cambios o mejoras pueden haber existido en una organización para que sus colaboradores hayan obtenido ya sus primeros bonos con los famosos Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

Se encuentra en su fase final la ley que entregará nuevas atribuciones y tareas a los municipios en materias de seguridad pública, que sumará un nuevo rol, que es el de "coadyuvante" de las policías. En la práctica, si la ley se publica, los municipios deberán invertir importantes recursos de sus propios presupuestos en capacitar a sus inspectores y fiscalizadores para nuevas tareas relacionadas a violencia intrafamiliar y otras medidas cautelares. El punto es que, en la capa municipal, el estándar será de mejor nivel y se exigirán mayores competencias profesionales para ejercer el rol de patrullaje preventivo en las comunidades. Muy buena noticia.

Hace años se sumó a la institucionalidad de seguridad pública la figura del director de seguridad pública, funcionario municipal que participa del equipo directivo de la comuna y que se comporta como el responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las políticas públicas de seguridad en la comuna. En algunos casos, sus equipos superan los 300 funcionarios a su cargo, y es por eso por lo que la ley exige que esté en posesión de un título profesional o técnico de nivel superior. En el caso de que integre el estamento directivo de la municipalidad, deberá contar con una carrera universitaria de al menos 8 semestres, según dictamen de la Contraloría.

Como les he comentado en ocasiones anteriores, me ha correspondido asesorar a municipios y alcaldes en diferentes materias, dentro de ellas la selección y el descriptor de cargo de sus directores de seguridad. En el caso de los municipios, muchos profesionales se presentan con muy buenas credenciales a postular, habiendo cursado diplomados, maestrías y experiencia profesional en materias de vulnerabilidad social, criminalidad y prevención social y situacional. La competencia es nutrida, y muchos profesionales quieren ser parte de la lucha contra el delito.

En los últimos diez años, varias instituciones de educación superior, universidades públicas y privadas, han desarrollado programas de capacitación, postítulos y maestrías en seguridad pública y ciudadana, en materias de evidencia territorial, vulnerabilidad social y otros. En particular, la Academia SUBDERE, una verdadera universidad online del Estado, licita año tras año la oferta académica de formación para diplomados de seguridad pública, donde numerosos funcionarios son becados para estudiar y obtener capacitaciones del mejor nivel.

Les he hecho un resumen de las diferentes opciones de formación que hoy están disponibles, y que además existe una masa crítica vigente —aun quizás incipiente— pero que se ha formado y capacitado para liderar procesos de prevención e intervención en seguridad ciudadana. La pregunta es: ¿por qué, si existen todos estos profesionales competentes, se siguen nombrando personas incompetentes, sin ninguna experiencia en seguridad ni en temas territoriales, y ganando sobre 7 y 8 millones de pesos, en ir a experimentar con la seguridad pública?

Me siento en la necesidad de enviar un mensaje a los delegados presidenciales y provinciales, desde un espacio democrático de opinión: que existen los SEREMIS de Seguridad ya creados, que deben darles espacio para asumir su rol; que se dejen de robar la película todos los días; que se les ve en extremo hambrientos de pantalla y vitrina; que deben dejar de formar a los carabineros y militares en las calles para dar instrucciones operativas. Eso, a los funcionarios de uniforme, les molesta, y además su mensaje no llega. Por el contrario, los ridiculiza. Las fuerzas policiales son equipos altamente capacitados y entrenados; reciben, antes de salir a patrullar, instrucciones técnicas y reservadas de sus propios mandos, que sí son competentes y preparados.

Estos shows mediáticos, muchas veces para el punto político más que para lo técnico, son tan tristes como muchos videos de parlamentarios hablando en el Congreso sin decir nada. Esto también tiene que ver con tener las competencias profesionales para hacerlo.

El Ministerio de Seguridad nos defrauda y pierde toda credibilidad cuando vemos estos sueldos y estos operadores políticos que, increíblemente, son buenos para el Ministerio del Deporte y para Seguridad, que aplican para excandidatos a concejales y exlíderes estudiantiles, y luego jefes de gabinete. En ellos, el gobierno ha depositado la responsabilidad de la gestión y el éxito de la nueva institucionalidad; en ellos, la garantía de bajar los números de los delitos. En resumen, el ministerio ha elegido retroceder respecto del resto de la institucionalidad que les he descrito, que busca capacitarse, incrementar competencias y buscar funcionarios con probada experiencia.

Para los responsables del ministerio, un mensaje de un ciudadano más: que cambien a estos actores sin preparación. Para los SEREMIS: que saquen la voz y nos demuestren que llegaron realmente a cambiar algo. Para los delegados: que se terminen de lucir en cámara y salir solo para la foto. Y para los funcionarios municipales: que continúen capacitándose y fortaleciendo la seguridad pública.

Finalmente, y de forma muy respetuosa, para las policías, fuerzas militares y los ciudadanos: solo paciencia. Esto no puede ser eterno. Tenemos opciones de reclamar y cambiar las cosas. Exijamos en todos los espacios contar con autoridades de seguridad competentes, con fondo y argumentos, con preparación. Más funcionarios competentes, menos pitutos, más seguridad.

Jorge Andrés Contreras Blümel

Coronel de Ejército ( R )

Consultor y docente en Seguridad Pública Ciudadana

@contrerasblumel