Recientemente se aprobó la idea de legislar sobre una nueva ley de convivencia en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sin alcanzar la unanimidad, evidenciando que no hay consenso en la propuesta.

En esta materia existe una institucionalidad administrativa que se ha venido trabajando y perfeccionando desde hace bastante tiempo, estableciendo protocolos y normas que la Superintendencia de Educación ha supervisado y fiscalizado con bastante rigor.

La nueva ley que se propone se estructura sobre la base de cuatro ejes que, de algún modo, ya existen: el rol del Estado; estándares para la convivencia; más responsabilidad para sostenedores y la protección del bienestar de los equipos educativos. Todos ellos están presentes en el actual escenario, por lo que pudiera pensarse que habrá una profundización de las acciones acompañada de recursos, aunque esto último no se explicita.

Es importante expresar que esta nueva ley no puede ser entendida como una intervención de la escuela, ya que esta siempre ha sido uno de los pocos espacios de protección que existen en nuestra sociedad. Por lo tanto, la mayor intervención debería hacerse en el contexto social, porque es aquí donde se incuba la violencia y la agresión, proyectándose luego a la escuela y reproduciéndose con la misma crudeza que todos conocemos.

Al leer la propuesta queda la sensación de que este problema de la violencia estudiantil es propio de la escuela. Por consiguiente, la responsabilidad de abordarlo queda en manos de los directivos, profesores, asistentes y sostenedores, cuestión que no puede ser posible cuando tenemos una sociedad fuertemente golpeada por la violencia, la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico, cayendo en una espiral cada vez más profunda, sin avizorar alguna propuesta sustentable desde el Estado que permita detener esta caída y recuperar la paz social.

Lo que la gran mayoría de los profesores espera es que la escuela siga siendo ese espacio protector, donde los estudiantes puedan desarrollar todas sus capacidades en un clima de orden y respeto, donde el profesor pueda liderar los complejos procesos de aprendizaje con el respaldo de la autoridad que desde hace rato ya no tiene, porque parece olvidarse que para aprender, necesariamente, se requiere orden y disciplina, esa misma que hoy es casi imposible sostener.

Si como país no somos capaces de recuperar la paz y seguridad social, la violencia y la inseguridad en la escuela seguirán estando presentes, afectando el derecho a aprender por sobre la discrecionalidad y derechos sin límites que cada vez tienden a profundizarse y a responsabilizar a la escuela como sus garantes.

Mario Morales Burgos

Profesor