Los dictámenes de la Contraloría General de la República en torno a descontar los días de "paro" a los profesores han gozado de amplia difusión, pero nada se ha dicho de que estos representan un atropello constitucional, ya que la Constitución del 80 discrimina a los profesores y los margina del derecho a huelga, universalmente reconocido en todos los países inteligentes del mundo. También se suma a esta resolución la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes (Ord. 2078 y Ord. 2285/108), avalando el descuento de las remuneraciones de los trabajadores de la educación.

Esto último abre algunos flancos que nadie del mundo político y jurídico ha querido abordar, para corregir un atropello que se acuña en la mismísima Constitución, dejando al magisterio desamparado y sin posibilidad de ejercitar este derecho. Es oportuno señalar que ningún parlamentario del distrito y de la circunscripción ha estado junto a los profesores, para realizar, al menos, una presentación al Tribunal Constitucional con el objetivo de que este determine si el órgano contralor tiene facultades para arremeter y golpear las remuneraciones de los docentes y asistentes de la educación.

También esta situación constituye una oportunidad para colocar en el debate político la necesidad de introducir modificaciones a la Constitución de la dictadura, cuestión que es perfectamente posible, ya que estos cambios pueden realizarse por simple mayoría. Es en este contexto donde se podría lograr precisar las facultades de ciertos órganos del Estado, cuyos dictámenes deberían tener un carácter indicativo, dejando claramente establecido que estos no pueden sobrepasar las competencias y atribuciones de los Tribunales de la República, en una cuestión tan delicada como la intervención a las remuneraciones de los trabajadores. No es sustentable que los tribunales sean sobrepasados en las funciones exclusivas que les competen.

La búsqueda de respaldo en nuestros parlamentarios tiene que ver con estos requerimientos, pues son ellos quienes disponen de las herramientas para mejorar y reforzar la institucionalidad que regula la vida del Estado y los derechos de sus ciudadanos. No es posible que exista tanta indiferencia para corregir estas y otras iniquidades validadas en la Constitución y que siguen afectando individual y colectivamente nuestra sociedad.

Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias ofrecen un buen marco para interrogar a quienes aspiran representarnos, y así constatar qué tanta voluntad tienen para avanzar en estos temas que están relacionados con la modernización de la institucionalidad del Estado y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Mario Morales Burgos, Profesor