Días atrás conocimos un nuevo informe de la Contraloría General de la República que nos daba cuenta, por una parte, del atraso y en algunos casos incumplimiento en la elaboración de los planes comunales de Seguridad Pública y, por otro lado, del control de la asistencia a los consejos comunales de Seguridad Pública que deben ejecutar los municipios junto a las autoridades e instituciones responsables de la Seguridad Pública y ciudadana.

Para contextualizar, debemos mencionar que la institucionalidad que rige dispone que una vez al mes se deben reunir de forma obligatoria en una instancia de análisis, debate y propuestas, los principales representantes de la seguridad en el territorio comunal. La ley dispone claramente que el alcalde es quien debe presidir esta instancia, depositando en él, de manera implícita, la responsabilidad de coordinar e intencionar las iniciativas en materia de seguridad que requiera la comunidad. Quien lleva el acta y prepara las materias a discutir es el director de seguridad pública, funcionario municipal que cumple el principal rol ejecutor de las políticas públicas en materia de seguridad.

La asistencia al Consejo, además de no ser voluntaria, exige que los representantes de las instituciones den cuenta del estado de avance de las tareas y acuerdos adoptados en sesiones previas. Es deseable que la presencia de los representantes de las instituciones sea bajo una lógica de continuidad y perseverancia, de forma que los temas tratados y la dinámica de lo que ocurre en el territorio pueda contar con un análisis de parte de los mismos actores mes a mes. Esto, que pareciera ser del todo normal y recurrente en nuestros municipios, tiene grandes falencias. Los representantes, en muchos casos, mutan sesión tras sesión, presentando excusas de todo tipo y dando cuenta de la poca importancia que ellos mismos le otorgan al Consejo.

He tenido la oportunidad de conocer, y así consta en las actas, diferentes experiencias de consejos comunales. En algunos hay una rigurosa preparación de los antecedentes que se darán a conocer en la sesión del Consejo. En otros, el orden y la calidad de los antecedentes que se presentan dejan mucho que desear. Un municipio donde la seguridad es parte del centro de su acción prepara con antelación y rigor cada una de las temáticas a debatir. Presenta evidencia territorial, saca al pizarrón a cada uno de los actores que comprometieron iniciativas a cumplir dentro del mes y asume el relato con liderazgo, compromiso y exigiendo, gracias al mandato de la ley, el control de gestión y la eficacia o, en ocasiones, el fracaso de las estrategias adoptadas.

Es de tal relevancia un buen Consejo que he sido testigo del despilfarro de recursos públicos en razón de la falta de continuidad, seriedad y despliegue de iniciativas territoriales de Seguridad Pública, muchas de ellas basadas en políticas formuladas sin visión estratégica y a veces solo guiadas por la rentabilidad política. Los hay serios y colaborativos, donde se forman equipos sólidos, sin egos por el uniforme o la placa que se vista y que obtienen de forma coordinada derribo de rucos, casas ocupa, narcomausoleos y operativos de potente impacto en quienes buscan espacios para delinquir.

Hablamos de los planes comunales también, instrumento de planificación estratégica del más alto nivel. De hecho, es el documento matriz que da origen a toda la acción preventiva situacional y psicosocial de un territorio. Este debería ser elaborado por un equipo especializado y multidisciplinario de profundo conocimiento de la realidad sociodelictual de la comuna. Involucra en su elaboración los recursos económicos, medios materiales y recursos humanos necesarios para llevar adelante el accionar municipal y de numerosas direcciones ligadas a lo social y preventivo, además de la propia dirección de seguridad ciudadana.

Responsable de aprobar y visar desde el gobierno central la correcta elaboración de los planes es la Subsecretaría de Prevención del Delito, que con un grupo de profesionales contrasta los datos y evidencia territorial del municipio con la información que el gobierno obtiene desde las diferentes instituciones desplegadas en el país. Habiéndose corroborado los datos, el plan pasa a aprobación del Concejo Municipal e inicia su implementación.

El que hoy tengamos planes vigentes elaborados el año 2021 y 2020 da cuenta de que los programas y esfuerzos para contener la delincuencia están basados en datos y diagnósticos absolutamente obsoletos, carentes de realidad y rigor. Es incluso irresponsable, dados los tiempos vertiginosos que vivimos, pensar que este tipo de planificación pueda contar con una vigencia de cuatro años. En mi opinión, hay territorios que demandan procesos bianuales para sostener políticas públicas que estén al compás y, ojalá, adelantadas a la movilidad del delito.

Consejos comunales con ausencia de alcaldes, con autoridades que no se presentan a los consejos y con planes desactualizados, son terreno disponible para el despilfarro de recursos, patrullajes sin sentido, programas de intervención sin conexión ni pertenencia a la realidad comunal y, por cierto, una reunión más de las que deben asistir para cumplir con sus obligaciones.

La Contraloría ha dado una excelente señal de alerta a quienes incumplen y hoy, que sus informes tienen efecto en la continuidad laboral de sus funcionarios, vemos reacción y preocupación. Se espera que el Ministerio de Seguridad también apriete el acelerador, cumpla su rol, fiscalice y aporte con data y fundamentos a los planes de las comunas más pobres.

Finalmente, en este tipo de planes no aplica la máxima "mejor incompleto pero a tiempo que completo pero tarde". La verdad es que exigimos como vecinos y ciudadanos que se elaboren buenos planes, serios y rigurosos, y que quienes tienen que asistir solo una vez al mes al consejo lo hagan, sabiendo que más que una responsabilidad es un deber.

Jorge Andrés Contreras Blümel

Consultor y docente en Seguridad Pública Ciudadana