Los Estados de Luisiana y Arkansas aprobaron una ley que hace obligatoria la exhibición de los diez mandamientos en escuelas públicas. En los estados de Texas y Dakota del Sur se encuentran en tramitación proyectos de ley con el mismo propósito. Me interesa reflexionar en estas líneas en torno a la cuestión de si estas leyes violan o no el derecho de libertad religiosa, reconocido en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y su impacto en el muro de separación de la Iglesia con el Estado.

Cuando los redactores de la Constitución de los EE.UU. presentaron al país la Constitución para que fuera ratificada, esta no contenía declaración alguna sobre la libertad religiosa, razón por la cual varios estados rehusaron ratificar la Constitución si no recibían la seguridad de que se añadiría a la Constitución una Declaración de Derechos (Bill of Rights) que incluyera tal libertad. Una vez que esa seguridad se dio, se ratificó en 1787 la Constitución y cuatro años después, se dictó la Declaración de Derechos.

Las cláusulas de religión de la Primera Enmienda rezan del siguiente modo: "El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del estado o se prohíba practicar alguna libremente". Hago notar que la libertad religiosa fue la primera de las libertades mencionada en la Declaración de Derechos de 1791. Ello fue así porque a finales del siglo XVIII, el recuerdo de las persecuciones religiosas, tanto a manos de católicos como de protestantes, estaba todavía fresco en la memoria de los ciudadanos de la incipiente nación norteamericana y sus líderes querían evitar que los disidentes fueran perseguidos y que se reeditaran los conflictos entre religión y gobierno que habían caracterizado la historia europea medieval y de la Reforma, y aún su propio período colonial.

Por lo tanto, las Cláusulas de Religión de la Primera Enmienda fue el mecanismo ideado por los Padres Fundadores para mantener el gobierno y la religión completamente separados entre sí. Así, la religión jamás habría de entrometerse en los asuntos del gobierno, y este, a su vez, jamás habría de inmiscuirse en la religión. Es este mecanismo constitucional el que describe el principio de separación de Iglesia y Estado, que ha significado, en la práctica constitucional norteamericana, tres cosas: primero, que la religión y el gobierno deben operar en esferas separadas. Ni la Iglesia puede controlar el gobierno, ni este a la Iglesia, como tampoco puede el uno decirle al otro qué hacer; segundo, que el gobierno no dará subsidios a la religión, es decir, no pagará los salarios del clero ni financiará la promulgación de doctrinas religiosas; y, en tercer lugar, las leyes del Estado se basarán en principios morales seculares, en vez de basarse en los principios morales de alguna iglesia o de algún libro sagrado.

Dicho lo anterior, las leyes de los estados de Luisiana y Arkansas que obligan a exhibir los 10 mandamientos de la religión cristiana en las escuelas públicas violan la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda, al tener un propósito y contenido eminentemente religioso y debilitan el muro de separación de Iglesia y Estado. Si los cristianos en EE.UU. tienen plena libertad para expresar su fe públicamente, ¿por qué querer hacerlo además en propiedades e instituciones del Gobierno, si este tiene el deber constitucional de ser neutral en materia religiosa? ¿Cómo pueden unos legisladores imponer los dogmas y decretos de una religión (en el caso, la cristiana) si el Estado no debe estar al servicio o patrocinar ninguna religión?

La Primera Enmienda prohíbe en EE.UU. dictar una ley religiosa; si ello llega a ocurrir, se viola la libertad religiosa y se horada el muro de separación de Iglesia y Estado, que ha sido tan eficaz para impedir la persecución religiosa, la gran razón de su construcción por el Pueblo de los Estados Unidos en 1791. Razón lleva James Madison cuando escribió: "La religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno que con esta".

Mario Hidalgo Acuña. Abogado