Hablar de reconocimiento, en particular referido a los pueblos indígenas, carga con una serie de dificultades. Se suele argumentar que una eventual política de este tipo podría atentar contra la unidad nacional o generar múltiples consecuencias negativas. Sin embargo, todo depende de la forma en que concebimos dicho mecanismo, su alcance y las pretensiones por las cuales se esbozan.

Por ejemplo, el tipo de reconocimiento que se ofreció durante el primer proceso constituyente, y la idea de plurinacionalidad, suponía un tratamiento que distinguía a los pueblos indígenas de la identidad nacional, al concebir a cada pueblo como una nación independiente —lo que se materializó posteriormente en su propuesta institucional—. Un principio que concebía al indígena de forma prístina, no inserto como parte del país y, por ende, proclive a la "fragmentación". En dicho planteamiento, habría sido difícil imaginar la materialización de un futuro compartido —fundamental si se busca resolver el conflicto—.

Desde otro punto de vista, la ausencia total de un reconocimiento y asumir a priori que la identidad nacional del país ya reconoce nuestra diversidad, también es un planteamiento que debe lidiar con la realidad. Por años, indígenas han reclamado para sí la necesidad de una política de este tipo, y no planteado de forma exclusiva por quienes adhieren a posiciones radicales. Para los más escépticos cabría revisar la Encuesta CEP y cómo se interrelacionan de forma permanente —por ejemplo, en los mapuche— ambas identidades: indígena y chilena.

Empero, existe una tercera vía: el reconocimiento dentro de la misma comunidad nacional, principio al cual, desde mi parecer, se aboca la propuesta desarrollada por la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Como sugiere el pensador David Miller en su libro On Nationality, la identidad nacional bien entendida no suprime necesariamente las diferencias culturales, sino que puede servir como base para su reconocimiento efectivo. Cuando los pueblos indígenas se comprenden como parte constitutiva de la nación, se genera un sentido ampliado del deber hacia estos grupos por parte del resto de la ciudadanía. Al entender a los pueblos originarios como parte integral de nuestra identidad nacional, su reconocimiento se convierte en una expresión de autodeterminación compartida, no en una concesión lastimosa hacia grupos que nos son ajenos. Un ejemplo patente de las virtudes de lo señalado sucede en Nueva Zelanda con el pueblo maorí.

Quizás para alcanzar este principio esbozado por Miller, bastaría con recordar la posición que existía en nuestra naciente república en torno a los "guerreros araucanos", recordados con orgullo como parte de la identidad nacional. Véase, por ejemplo, nuestro propio himno nacional: "Con su sangre el altivo araucano, nos legó por herencia el valor; y no tiembla la espada en la mano, defendiendo de Chile el honor".

Volver a dicho principio no supone idealizar a ningún grupo —mal "antropológico" del cual bien cabe escapar—, sino reconocer que los vínculos nacionales, como señala Miller, surgen naturalmente de elementos compartidos que ya forman parte de nuestra historia común. El reconocimiento así concebido no debilita la unidad nacional, sino que la enriquece al hacer visible la diversidad que siempre ha formado parte de ella.

Jorge Cordero

Investigador

Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales (Faro UDD)