La Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPyE) nace con el propósito de iniciar un complejo proceso de reparación a los pueblos originarios chilenos, cuya diversidad de materias a abordar produjo, desde el primer momento de su creación, una importante autoexclusión de varios e importantes partidos políticos, cuestión que hace peligrar que los acuerdos asumidos puedan ser ejecutados o permanezcan en el tiempo, ante un eventual cambio de gobierno.

Después de dos años de trabajo, se dan a conocer los principales ejes que sostienen los acuerdos.

El primer gran tema tiene que ver con la demanda de recuperación de tierras, lográndose acuerdos parciales, ya que el foco territorial se centra en el pueblo mapuche, excluyendo a los demás diez pueblos originarios. El esfuerzo presupuestario del Estado para financiar la primera etapa alcanza los 4 mil millones de dólares, proponiendo, además, la creación de un sistema que regule el tema de la tierra, otorgando cinco años para que las comunidades presenten los documentos que se requieren. Voces que surgen desde la misma comisión señalan que la complejidad de este proceso puede tardar más de 150 años en resolverse, para lo cual se propone también la creación de una Agencia de Reparación y de un Tribunal Arbitral. Cabe resaltar que todas las resoluciones y nuevos espacios institucionales deberán actuar bajo la institucionalidad legal chilena, asunto que no satisface en plenitud a los representantes mapuche.

El segundo eje que forma parte de los acuerdos está relacionado con los "derechos", donde se establece el compromiso de avanzar en el reconocimiento constitucional y la libre determinación de los pueblos, instalando una nueva forma de relacionarse con el Estado, cuya vocería estaría a cargo de un Consejo de Pueblos Originarios. Se enfatiza mucho que este nuevo orden propuesto debería ser zanjado a través de una consulta indígena para resolver sobre las 21 propuestas que contienen las conclusiones finales generadas en la comisión.

La existencia de esta comisión representa un intento desesperado del Gobierno para convocar a un acuerdo político que permita instalar la paz social en los territorios del pueblo mapuche, donde se ha desatado una ola de violencia, provocando mucho temor en el mundo rural y en las empresas del área, las cuales han iniciado una preocupante migración hacia otros países del continente, afectando fuertemente la recuperación económica del país. Algunos sectores políticos de la derecha, más progresistas, están de acuerdo en que el Estado chileno, en su conjunto, debe hacer un esfuerzo, especialmente en el tema de la restitución de tierras, pero observan que no puede haber un autogobierno y una libre determinación que sobrepase la legislación que nos regula a todos los chilenos. Esta diferencia también la comparte una gran mayoría del mundo ciudadano no militante, expresándose claramente en el primer rechazo de la nueva propuesta constitucional, la cual representaba mucho de las iniciativas que se esbozan en las conclusiones del trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que sin duda, en el actual escenario constituyen un avance.

El Gobierno, que llega a La Moneda alzando la bandera mapuche con una oferta de una nueva Constitución casi indigenista, tendrá que seguir batallando para lograr que el mundo político, representado en el Parlamento, apoye las propuestas de la comisión, cosa que hasta el momento no se ha producido.

Mario Morales Burgos

Profesor