En el corazón del Estado de Derecho late un principio fundamental: la presunción de inocencia.

En Chile, este derecho humano esencial no solo es reconocido por nuestra Constitución, sino también por tratados internacionales que el país ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, la realidad muestra que este principio enfrenta constantes amenazas, tanto en el ámbito judicial como en el tribunal de la opinión pública.

El principio busca garantizar que nadie sea sometido a sanciones o estigmatizaciones sin que medie una prueba concluyente y un debido proceso. No obstante, su aplicación práctica en Chile ha sido puesta en tela de juicio por diversas razones.

Para ejemplificar, los juicios mediáticos han adquirido un protagonismo preocupante. Muchas veces, antes de que se celebre un juicio formal, los imputados son condenados socialmente a través de titulares sensacionalistas y especulaciones en redes sociales. Esta situación no solo vulnera el derecho a la presunción de inocencia, sino que también puede influir en la imparcialidad de los jueces y fiscales, quienes, aunque tienen la obligación de actuar de manera objetiva, no están inmunes a la presión pública.

Es preocupante la tendencia de ciertas instituciones a adoptar medidas que, aunque no sean formalmente condenatorias, tienen efectos punitivos. Por ejemplo, la aplicación excesiva de la prisión preventiva en casos donde no se justifica plenamente genera una sensación de castigo anticipado. Este uso desproporcionado no solo contraviene la presunción de inocencia, sino que también expone a los imputados a condiciones carcelarias que pueden marcar sus vidas de manera irreversible, independientemente del resultado del juicio.

Además, el sistema de justicia chileno enfrenta el desafío de equilibrar la presunción de inocencia con las demandas de las víctimas y la sociedad. Es fundamental garantizar que los derechos de los imputados no sean sacrificados en nombre de una mayor eficacia en la persecución penal. Un Estado de Derecho no puede permitirse atajos que pongan en riesgo sus propios principios fundacionales.

Como abogados, tenemos la responsabilidad de defender este principio en todas las instancias posibles, desde el litigio hasta la educación jurídica y la opinión pública. La promoción de un debate informado sobre la presunción de inocencia es esencial para fortalecer el respeto por los derechos fundamentales en Chile. Es necesario recordar que este principio no busca proteger a los culpables, sino garantizar que nadie sea tratado como tal sin las debidas pruebas y procedimientos.

El compromiso con la presunción de inocencia no es solo un deber legal, sino también un acto de fe en la justicia. En un contexto donde las emociones y la polarización pueden nublar el juicio colectivo, es crucial que tanto los operadores del sistema judicial como la sociedad en su conjunto recuerden que el respeto por este principio es lo que diferencia a un Estado de Derecho de un Estado arbitrario. Solo así podremos aspirar a una justicia verdadera, equitativa y libre de prejuicios.

Nicolás Arismendi, socio fundador del estudio jurídico Díaz y Arismendi