Reducir el porcentaje de no cumplimiento tributario e incrementar por esa vía la recaudación fiscal.

La nueva Ley de "Sostenibilidad y reforma tributaria" pretende recaudar 1,5% del PIB. Desde una perspectiva macroeconómica, aumentar la recaudación tributaria parece razonable en un país que necesita financiar servicios esenciales, como la educación y la salud.

Sin embargo, el problema surge cuando los nuevos tributos no consideran las particularidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 90% del tejido empresarial chileno y generan cerca del 65% de los empleos del país. Para los emprendedores, esta ley es un obstáculo adicional en un panorama ya marcado por la incertidumbre económica, la inflación y la creciente competencia en un mercado globalizado.

Uno de los principales puntos de conflicto es la complejidad de la normativa. El aumento en la tasa de impuestos para ciertos tramos de ingresos, la eliminación de exenciones tributarias específicas y la introducción de nuevos requisitos de contabilidad digital han creado un laberinto burocrático que muchas pymes no están preparadas para enfrentar. A menudo, los pequeños negocios carecen de recursos para contratar expertos tributarios que los ayuden a navegar estas complejidades, lo que aumenta el riesgo de errores y sanciones.

Los emprendedores, que ya operan con márgenes ajustados, podrían verse obligados a recortar gastos en áreas críticas como investigación, desarrollo y contratación de personal. Esto no solo afecta la sostenibilidad de sus negocios, sino que también limita el crecimiento económico general del país.

Otro aspecto preocupante es la falta de medidas compensatorias para las pymes. Mientras que grandes empresas tienen la capacidad de absorber los costos adicionales o trasladarlos a los consumidores, los pequeños negocios enfrentan una mayor vulnerabilidad. Sin un plan claro para apoyar a los emprendedores —como créditos fiscales, acceso preferencial a financiamiento o capacitación en cumplimiento tributario—, esta reforma podría acentuar las desigualdades económicas en lugar de reducirlas.

Sin embargo, no todo está perdido. Este momento de incertidumbre podría convertirse en una oportunidad para replantear el enfoque hacia las pymes. Es crucial que el gobierno implemente medidas de mitigación que alivien la carga sobre los emprendedores, garantizando un equilibrio entre la justicia tributaria y la promoción del desarrollo económico. Las mesas de diálogo entre autoridades, gremios empresariales y expertos en políticas públicas serán esenciales para diseñar soluciones que sean inclusivas y sostenibles.

En conclusión, si bien la nueva ley tributaria busca cumplir con objetivos legítimos, es fundamental no sacrificar a los pequeños empresarios en el proceso. Los emprendedores son el motor de la economía chilena, y su éxito o fracaso tendrá un impacto directo en el futuro del país. Para que esta reforma sea realmente efectiva, debe ser justa, equitativa y capaz de fomentar un entorno en el que todos, desde el emprendedor más pequeño hasta la empresa más grande, puedan prosperar.

Marcelo Díaz

Socio Fundador del Estudio Jurídico Díaz y Arismendi