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Desde su publicación en 2018, la Ley 21.075 abrió la esperanza de disponer de una solución que ayude a paliar la crisis hídrica que hemos vivido durante más de una década, por ello la noticia de la aprobación del reglamento sobre las condiciones básicas para la reutilización de aguas grises hace algunas semanas fue bastante aplaudida por todos los sectores, valorando su publicación que tardó seis años en ver la luz. Sin embargo, no todo parece haber sido satisfacción, porque existe coincidencia en especialistas del sector que su reglamentación es restrictiva y costosa, sobre todo para el segmento de la agricultura familiar campesina, que representa un porcentaje muy importante en la agricultura nacional.
A pesar de que su entrada en vigencia no es hasta noviembre de 2024, el reglamento para reutilización de aguas grises, como solución a la crisis hídrica que afecta a gran parte de nuestro país no ha estado exento de problemas. Por señalar algunos que afectan su puesta en marcha son los altos costos y la fiscalización que tendría para las entidades públicas y privadas que harán uso de este nuevo marco legal.
A su vez, el reglamento sobre las condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises, referido a las aguas servidas domésticas residuales provenientes de tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros artefactos sanitarios, establece los requisitos mínimos a cumplir para el diseño, construcción y operación de los sistemas de reutilización de aguas grises, incorporando en su último trámite los usos silvoagropecuarios entre los posibles destinos de las aguas grises tratadas. Si bien, esto último proporciona una oportunidad gigantesca a nuestros agricultores, dado que, a los usos urbanos de riego de jardines, áreas verdes públicas, campos deportivos, y usos ambientales como reforestación de especies y mantención de humedales, se sumó el riego de frutales y cultivos diversos de interés económico.
Si bien, parece ser auspicioso el poder incorporar al sector silvoagropecuario en la reutilización de aguas grises tratadas, existen barreras de entrada que pueden hacer no viable para un productor agropecuario de menor tamaño su implementación, a las ya barreras financieras que significa implementar sistemas de reutilización, se suma el dar cumplimiento con la calidad del agua que exige el reglamento, porque ello requiere invertir en el tratamiento, y donde biofiltros u otros sistemas son bastantes costosos para una unidad productiva familiar campesina, no siendo asequibles la soluciones a todas las personas. Es acá donde existe la necesidad de llevar soluciones tecnológicas creadas y piloteadas en nuestras universidades regionales, que ayuden a los agricultores a reducir costos en reutilización y tratamiento de aguas grises, para que estas aguas sean un recurso que proporcione circularidad a sus actividades.
Por último, para que esta oportunidad sea cierta y plausible por nuestros agricultores es necesario generar incentivos para que la solución que nace a partir de esta aplaudida reglamentación sea una alternativa concreta frente a la escasez hídrica que viven los habitantes y productores de la Región del Biobío, y no termine siendo solamente una norma difícil de implementar.
Robinson Sáez Lazo
Director Crea UCSC
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