Soy director de un liceo público. Al igual que muchos docentes y directivos, veo con gran preocupación los acontecimientos que hoy están ocurriendo en los liceos del país y, por eso, me dirijo a ustedes con el objetivo de manifestar la importancia crítica de legislar en relación con la creación de un sistema educativo específico para jóvenes infractores de ley que representan un peligro para los estudiantes de los liceos. A pesar de que estos jóvenes tienen derecho a recibir educación, no califican para el sistema de educación regular, ya que al cumplir 14 años son imputables por la ley.

Es evidente que la escalada de violencia en los establecimientos educativos es una preocupación de gran relevancia. La existencia de la ley de aula segura, que tiene como propósito garantizar la seguridad de estudiantes y personal de los establecimientos, subraya la necesidad urgente de que el Ministerio de Educación actualice su normativa y cree un sistema educativo especializado para estudiantes en esta condición. Es fundamental que, al igual que el avance y desarrollo en los distintos ámbitos sociales (ciencia, tecnología y evolución social), se actualicen planes y programas de estudios, así como la forma de hacer de la educación un proceso vanguardista y formativo a la altura de los tiempos actuales y con miras al futuro. La protección y seguridad de todos los alumnos y personal educativo es fundamental para asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje y el desarrollo.

Por lo tanto, es esencial que se establezcan medidas específicas y los recursos económicos necesarios para abordar la educación de estos jóvenes, asegurando que reciban la atención educativa adecuada y, al mismo tiempo, garantizando la seguridad de la comunidad estudiantil en general.

La creación de un sistema educativo alternativo que atienda las necesidades educativas y sociales de estos jóvenes disruptivos sería un paso significativo en la dirección correcta para abordar este desafío complejo. Dichas escuelas deberían contar con programas de intervención adecuados, profesionales capacitados y un entorno que permita la reinserción efectiva de estos jóvenes en la sociedad.

Lamentablemente, la escalada de violencia, el microtráfico, el porte de armas de distintas índoles, el descontrol emocional y la agresividad representan riesgos significativos para docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general. Es evidente que tanto los tribunales como la normativa ministerial existente están por encima de la seguridad de la gran mayoría de escolares que asisten a los establecimientos educativos.

Espero que consideren esta petición con la seriedad y la urgencia que merece, y confío en que trabajarán en conjunto para encontrar soluciones efectivas que protejan los derechos de todos los estudiantes y promuevan un entorno educativo seguro y propicio para el aprendizaje. Para ello estoy disponible si el Ejecutivo y el Legislativo quieren escuchar la voz de una persona que ha dedicado su vida a la educación.

Eduardo Fuentes Barra

Director Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén

Magíster en Educación en Valores

Magíster en Neurociencias

Ganador del premio Led en innovación tecnológica del año 2023.