El crimen organizado en un estado desordenado

Alejandro Mege Valdebenito.

Para la ciudadana y el ciudadano común y corriente, aquellos que aún confían en el valor de la familia y la dignidad de la justicia, en el respeto por los derechos humanos - de todos, no de unos pocos, por cierto- que se levantan cada día a ganarse de manera laboriosa y honesta el sustento diario de sus familias, muchas de las cuales viven una existencia precaria, sin visualizar horizontes claros y posibles en el futuro de sus hijos, con una educación que no resulta de calidad ni de acceso universal, en medio de la incertidumbre y el temor de que en cualquier lugar y a cualquier hora sean víctimas  del pillaje brutal, la violencia física y psicológica despiadada, tantas veces con resultados fatales, su esperanzas están puestas  en el Estado, el paraguas protector donde nos cobijamos todos, para que se ponga "orden en el caos". Un Estado que estando constituido por el conjunto de instituciones que son la base de sustentación del gobierno, conformado por la tríada de los  poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial, cuya tarea común, como lo establece el mandato constitucional, es el resguardo de la seguridad nacional, la protección de la población, el  fortalecimiento de  la familia, la promoción de  la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades de la vida nacional y que, por la trascendencia de la misión encomendada, debería funcionar de manera armónica, coordinada, transparente y respetuosa, para alcanzar los altos fines propuestos y lograr la paz, la tranquilidad y la esperanza de una vida en comunidad que dé igualdad de oportunidades y permita a todos construir y participar de un mejor país en una sociedad más sana, justa y solidaria.

Cada uno de los poderes de un Estado unitario como lo es el chileno, si bien tienen funciones y tareas específicas no deben olvidar que tienen un propósito común; son las partes de un todo que hacen del sistema Estado un organismo donde cada poder, en una relación dialógica permanente y continua, debe contribuir al recto y efectivo quehacer de los otros sistemas, no entorpecerlos, de modo  que todas las instituciones que los constituyen cumplan con el mandato ciudadano que justifica su existencia, asumiendo que cuando surgen las críticas a su accionar se reitere, una y otra vez, por parte de las autoridades, como queriendo convencernos de ello con la manida frase: "dejemos que las instituciones funcionen", debe entenderse que no son las instituciones las que funcionan de una manera u otra, cuando son los individuos que las componen y las dirigen los que, con sus conductas ideologizadas, sus posiciones intransigentes donde el "yo" y los míos deben estar primero y que los "demás" esperen, si aguantan, son quienes las hacen funcionar bien o mal, con decisiones donde siempre los más damnificados resultan ser los olvidados por el poder y la fortuna.

Así, mientras la delincuencia demuestra una capacidad de organización altamente sofisticada y dramáticamente eficiente que tiene al Estado no solo desorientado, también incapaz de coordinar a los poderes que lo constituyen y a los servicios de su dependencia para realizar una labor de inteligencia para erradicar la corrupción, el narcotráfico, prevenir la ocurrencia de robos, asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos, hechos que son noticias diarias en los medios de comunicación. Para  revertir la caótica situación es necesario que  las personas que asumen la función legislativa, que no solo se representan a sí mismas, deben tener especial cuidado en la formación de  leyes honorables y  justas, fiscalizando de modo eficiente y no sectario los actos de gobierno. El poder judicial, como se afirma, tiene la tarea de administrar la justicia y hacer cumplir las leyes de manera eficiente y efectiva en resguardo de la calidad de vida de la población, la libertad personal y la seguridad de la propiedad. Por su parte, corresponde al Poder Ejecutivo, orientado por el Presidente de la República y su gabinete administrar el país, hacer cumplir las leyes, atender los asuntos de política interna  y las relaciones internacionales, legalmente autorizado para atender cualquier asunto que no esté delegado por ley a otras autoridades.

Así, cuando  de la tarea de organizar y coordinar los poderes del Estado de manera fluida para alcanzar el bien común que todos prometen, se trata, las organizaciones  criminales llevan la delantera.

Alejandro Mege Valdebenito.

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