Las investigaciones que se llevan a cabo en torno al traspaso de dinero desde instituciones públicas a fundaciones y el último cambio de gabinete, en La Moneda, sirvieron para desviar la atención de los/as ciudadanos/as de un anuncio que, en el gobierno anterior, fue el detonante del "Estallido Social", me refiero al descongelamiento de la tarifa del Transantiago.

El mismo día del ajuste ministerial, el miércoles 16 de agosto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz dio a conocer la noticia: a partir del domingo 20 de agosto, el precio en la locomoción colectiva en la Región Metropolitana subiría 10 pesos, pero con la opción de pagar a través de códigos QR, lo que implicará un descuento que se traduce en una semana de traslados gratis dentro de un mes. Un gran alivio para la carga financiera de las familias vulnerables del Gran Santiago.

Los mismos de siempre que percibieron el aumento quisieron evadir el pago convocando a manifestaciones que esta vez no se concretaron como en octubre de 2019, pero me pregunto y dígame usted si me equivoco ¿el resto del país debe salir a las calles como hace 4 años, para que se preocupen o para que nos respeten como chilenos y chilenas?

Pero a diferencia de los administradores del Estado, esta vez no pagarán "justos por pecadores" y usaremos los canales institucionales para manifestar nuestro malestar, porque si algo debe quedar en claro es que estamos contentos con una medida que ayuda el bolsillo de los capitalinos, pero lo cierto es que la tristeza es más fuerte, porque esta política estatal solo beneficia a los santiaguinos, en desmedro de quienes usan el Trasporte Público en las otras 15 regiones del país.

Desde el poder central podrán argumentar que existe el "Fondo Espejo", pero vamos a ser claros, porque esos dineros se utilizan, más bien, en otras instancias de apoyo a los/as vecinos/as y no en su transporte como mandata la norma y por cierto, su espíritu.

Los alcaldes estamos atados de manos cuando nuestros vecinos y vecinas solicitan auxilio en el transporte público, porque la escaso control del Ministerio de Transportes en las carreteras y caminos rurales facilita un servicio de mala calidad entregado por un privado que no podemos fiscalizar y entonces, como consecuencia, mientras en Santiago usan buses eléctricos, de dos pisos y con aire acondicionado, con operativos de inspección masivos que tienen mucha difusión en los medios de comunicación, en los territorios alejados del centro, la realidad es otra.

Analizando la Constitución Política del Estado y recordando que la "Crisis social" determinó el acuerdo político que hoy nos tiene trabajando en una nueva CPE, trato de pensar en algún lugar de esta que permita la discriminación entre los chilenos/as de parte de sus gobernantes y solo encuentro en el artículo 3 inciso segundo que "Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional" y desde mi humilde tribuna de alcalde, creo que esto no se cumple.

Señor presidente, yo voté por usted porque creo en la igualdad y en la distribución de los recursos de forma equitativa, creo en Usted porque siempre habló de descentralización y porque veo sus intentos de lograrlo a través del "Pacto Fiscal", pero déjeme decirle con el respeto que me merece no solo como mandatario, sino también como hombre, que el camino está herrado, porque Usted sabe cómo el Estado discrimina a los habitantes de regiones.

No podemos hablar de descentralización si una de las políticas estatales más importantes, por su impacto en la población, es tomada para favorecer solo a 10 millones de chilenos/as.

Creo firmemente que en Chile no existen ciudadanos de primera, segunda o tercera clase y si bien, la masa electoral que define elecciones está en la Región Metropolitana, lo cierto es que en el resto del país también creemos en Usted y esperamos consecuencia. En definitiva, estamos alertas, en este debate entre la centralización y la descentralización.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas