La brutalidad de las imágenes de dos niñas peleando al interior de un establecimiento educacional de nuestra región se suma a los hechos de violencia vistos dentro y fuera de colegios, escuelas y liceos, hechos con los que la prensa pareciera explotar aún más el morbo de las personas sin convertirse - POR FAVOR - en un medio que permita combatir el Bullying.

El suicidio de la niña en La Serena, nos vuelve a golpear el corazón a quienes somos responsables de la educación como administradores de los establecimientos municipales, pero no basta solo con sentir el dolor, debemos seguir combatiendo contra este flagelo y tratar de lograr, con todas las herramientas disponibles, que esto no vuelva a suceder.

En La Serena, tribunales ya multó a un centro privado de educación con 20 millones de pesos por no implementar a tiempo los protocolos de convivencia escolar. En Francia, la justicia determinó que niños de 13 años fueron responsables y culpables de "Acoso escolar con resultado de suicidio".

En el país europeo, una niña y un niño de esa misma edad se suicidaron en enero y mayo de este año, tras no soportar los abusos diarios, en directo y por redes sociales de sus agresores.

Lindsay y Lucas prefirieron no vivir, lo mismo que nuestra niña de La Serena, sus padres están destrozados, la comunidad igual. La justicia busca penas criminales para niños y adolescentes que abusan de sus pares en Europa, en Chile seguimos castigando a los centros de educación y estos solo buscan protegerse de sanciones, olvidando por completo el problema, el infierno, la pesadilla y el dolor de nuestros niños y niñas atacados, sin piedad y a diario.

Contrario a lo expuesto, el 17 de septiembre de 2011, nuestro país publicó la Ley 20.536 referida a la materia y en ella, queda establecido que "se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante".

En esta norma se establece que la preocupación del Estado y de los establecimientos educacionales, no solo se reduce a lo que ocurre al interior de ellos, sino que faculta a la institución educativa para velar por la seguridad de los niños/as y adolescentes fuera de ellos. A su vez se entiende que la agresiones incluyen el "maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición".

Las cifras presentadas en 2022 por el Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar de la Universidad de La Frontera dieron cuenta que las denuncias sobre violencia escolar aumentaron en un 27 % (entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2022), mientras que la Súper Intendencia de Educación vino a entregar estadísticas casi lapidarias para un problema que puede tener solución si se trabaja de verdad el tema. Pero y según la Súper Intendencia de Educación, entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2023 se registraron 374 episodios, de ellos 230 fueron entre pares, mientras que 144 fueron entre adultos y menores.

En medio del proceso de desmunicipalización de la educación, crece el temor con la calidad del "servicio" que prestarás los Servicios Locales de Educación Pública, que sabido es, implementarán políticas nacionales, sobre las realidades locales. Aunque no es tema de esta columna discutir eso, lo cierto es que la preocupación máxima apunta a saber si serán capaces de entender los problemas que genera nuestra realidad en los y las estudiantes, por ejemplo, de Mulchén.

Qué es lo mejor para prevenir más suicidios como consecuencia del Bullying, es lo que debemos debatir, pero si no hay soluciones, lo cierto es que vamos a tener que sentarnos y comenzar a discutir si las medidas adoptadas en otras latitudes, pues estamos hablando de vidas y no de estadísticas.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas