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La gestión patrimonial cultural se entiende como un conjunto de actividades destinadas a proteger y difundir bienes culturales materiales o inmateriales de un territorio en particular. En Chile este ámbito bracea entre un mar de necesidades sociales, donde poco a poco se ha ido haciendo un espacio, intentando posicionarse mediante leyes y políticas públicas que, en un contexto de precariedad, han significado una solapada mejora frente a los riesgos y vaivenes de la contingencia que afectan la continuidad de recursos y voluntades.
Con el actual modelo centralista, la dificultad para implementar una gestión patrimonial cultural a nivel de pequeñas comunas es alta, no solo por la bajada desde el nivel central que aqueja a la capital regional, también la intrarregional, donde la capital provincial se ve disminuida respecto de la anterior, es decir, es prácticamente imposible para comunas que no son capital administrativa tener una política patrimonial. En el Biobío tenemos una excepción, Rere, un caso extremo y digno de destacar, un pueblo con un pasado esplendoroso, en la actualidad asociado al olvido, que ni siquiera es comuna, donde no hay presencia pública en materia patrimonial, pero cuenta con iniciativas privadas que promueven el desarrollo de actividades económicas por medio del rescate identitario y la puesta en valor del patrimonio, como parte de la fórmula para salir del letargo, donde la inversión pública brilla por su ausencia.
Por lo anterior, pareciéramos estar frente a la necesidad de un cambio de paradigma, mirar las cosas desde otro ángulo; en Chile no existe una estructura descentralizada en lo administrativo, menos en materia tributaria, donde la cargar impositiva y toma de decisiones se controle desde los municipios, como el fondo común o provenientes de sus propios ingresos. Las municipalidades son la primera línea en la tarea de resolver problemas, y generan un impacto directo en las personas, por lo tanto, cuando hablamos de mejorar condiciones de desarrollo, hablamos de fortalecer la gestión municipal. Pero las corporaciones edilicias son variopintas, diversas dimensiones, infraestructura, presupuesto, orgánica, operativa, entre otras, donde no todas comprenden el rol y alcance de la gestión patrimonial, o simplemente no es prioridad, el asunto se torna complejo para la mayoría, aunque muchas municipalidades cuenten con una oficina cultural o corporación, en la provincia de Biobío ninguna tiene una unidad u oficina patrimonial.
En definitiva, y para no incurrir en mayores gastos, parte de la solución corre por la educación, el ámbito patrimonial debiera estar inserto en la capacitación docente y en el currículum de las asignaturas de las ciencias sociales, así los estudiantes serían sensibilizados entorno a la identidad y el territorio, al sentido de pertenencia que influya en su pensamiento, en las diversas disciplinas, profesiones y oficios, un círculo virtuoso donde la gestión patrimonial logre ser legitimada en cada nueva generación de niños, jóvenes y adultos (y autoridades). Por otra parte, las municipalidades son autónomas, y más allá de la asignación de recursos - obviamente importantes - concebir una línea de trabajo permanente de gestión patrimonial, que inste la participación ciudadana y se articule con el sector privado, eso es fundamental en el proceso descentralizador, donde se involucre a la comunidad en la toma de decisiones adecuadas a los intereses locales, motivada por su propio conocimiento identitario, conservación, protección, y difusión de su patrimonio, lo que a largo plazo asentará un desarrollo profundo y coherente.
Luis Enrique Garretón
Ingeniero, investigador histórico.
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