La Constitución Política de 1833,  estableció que la educación era un deber del Estado, otorgando atención preferente a la educación pública por parte del Gobierno, al mismo tiempo que asigna al Congreso la tarea de la formación general de educación nacional y da origen a una Superintendencia de Educación Pública encargada de la inspección y dirección de la enseñanza. Por tanto, siendo la educación un derecho con rango constitucional, cualquier vulneración a ese derecho amerita una acusación constitucional contra quienes tienen la mayor responsabilidad de resguardar lo que la Ley establece: los ministros o ministras de educación del gobierno de turno Así ha ocurrido, desde 1997, con acusaciones constitucionales contra cinco ministros de educación, con tres rechazadas y dos de ellas aprobadas y los ministros destituidos de sus cargos (Yasna Provoste, 2008 y Harald Beyer, 2013). Ahora se prepara una acusación contra el actual ministro del ramo, siendo la principal razón los bajos resultados obtenidos por los alumnos en el Simce,  motivo al  que se sumaron otros antecedentes que, a juicio de los parlamentarios acusadores son causal de una acusación constitucional. En esta oportunidad el libelo acusatorio acumula, como nunca antes, siete capítulos con materias como el programa de "Educación Sexoafectiva Integral  (ESI), que agrupaciones de padres y apoderados consideran una vulneración al derecho de los padres a educar a sus hijos, en una materia especialmente sensible en algunos sectores de la sociedad.

Siendo los resultados del Simce, que han sido deficientes desde la aplicación por primera vez del instrumento de medición,  hace  ya 35 años, el principal fundamento de las acusaciones constitucionales, resultados que se reiteran, con pequeños avances y retrocesos entre un año y otro, pero que, en términos generales, demuestran porfiadamente, aún con la asignación de más recursos económicos y la apreciación de algunos, cuan deficiente ha resultado ser el sistema educacional chileno. Así,  por más que se acuse a quienes desempeñan el cargo de ministros(as) del área, la acusación, más política que técnica, no resolverá el problema del sistema educativo. Por lo cual, como ha ocurrido antes,  aún cuando el actual ministro de educación sea desaforado, los problemas de la educación seguirán siendo similares y el sueño de una educación-y ojalá  de calidad para todos- continuará como  un mal sueño y una frustración para la mayoría de la población y un freno para el crecimiento y desarrollo del país. Si bien el Simce proporciona datos estadísticos sobre la menor cuantía de los aprendizajes esperados en las asignaturas consideradas más importantes (matemática y lenguaje), no se ha implementado ni mantenido medidas concretas para  mejorar los resultados y generalizar los ejemplos positivos.

La educación como todo sistema, para ser eficiente y eficaz, necesita alinear todos los subsistemas que lo constituyen para conseguir un mismo objetivo, considerando y asumiendo con realismo todos los factores que impiden que la educación sea igual para todos -aunque cuando deba entregar a todos iguales derechos y oportunidades- donde las diferencias y capacidades individuales, la dedicación y el tiempo dedicado al aprendizaje, los recursos económicos de las  familias, el nivel social y cultural de base, la calidad de la educación que se imparte, entre otros, son factores que dificultan que todos los estudiantes, y al mismo tiempo, alcancen la meta que se proponen. No es racionalmente posible, a pesar del esfuerzo de profesoras y profesores, lograr similares resultados educativos en escuelas rurales multigrado, por ejemplo, con uno o dos profesores o estudiar en edificios escolares deficientes, con currículos frondosos imposibles de ser tratados en el año escolar, con clases que, por distintas razones, no se hacen. En fin.

Dadas las circunstancias que hacen que el Estado no cumpla con su mandato constitucional en materia educativa, no solo él  ministro de educación debiera ser el acusado.

Alejandro Mege Valdebenito.