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Columnista

La pelota está en la cancha del ejecutivo

Carlos Gajardo

por Carlos Gajardo

Durante la pasada semana, se llevó a cabo un gran operativo antidrogas contra integrantes del "Tren de Aragua", el cual culminó con la detención de 11 sujetos extranjeros: 8 venezolanos, 2 colombianos y un dominicano. Tras el allanamiento de 10 domicilios, se logró la incautación de más de 150 kilos de drogas de diferentes tipos. Lo sorprendente de este caso es que también se confiscaron dos buses interprovinciales pertenecientes a la organización delictiva, los cuales se utilizaban para transportar drogas y migrantes en situación irregular. De esta manera, la organización delictiva no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que también había incursionado en el tráfico de migrantes utilizando los ingresos obtenidos.

Por otra parte, la semana anterior se llevó a cabo otro operativo policial en Calama, donde se logró la detención de 8 individuos dedicados simultáneamente al tráfico de drogas y al contrabando de cigarrillos. Durante este operativo se confiscaron 51 kilos de droga y 84 mil cajetillas de cigarrillos.

Estos procedimientos demuestran el crecimiento de las organizaciones criminales en nuestro país, las cuales diversifican sus actividades delictivas. Al igual que cualquier empresa, aprovechan las economías de escala generadas por sus actividades delictivas. De esta manera, al basar su negocio en la comercialización y transporte de productos prohibidos, aprovechan esta actividad para también comerciar cigarrillos de contrabando o para llevar a cabo el tráfico de migrantes. Incluso han adquirido microbuses de alto valor económico para estos fines.

El desarrollo de las organizaciones criminales requiere que las instituciones estatales utilicen todas las herramientas disponibles para combatir esta nueva forma de criminalidad, la cual es más sofisticada y cuenta con mayores recursos y organización. Desde esta perspectiva, cabe destacar las nuevas normativas aprobadas recientemente para combatir el narcotráfico (ya convertida en ley) y el crimen organizado (actualmente en revisión en el Tribunal Constitucional). La primera establece un régimen más sencillo para el decomiso de las ganancias de las organizaciones criminales, incluso sin necesidad de una condena, y obliga a diversos agentes económicos, como las automotoras, a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Por su parte, la segunda permitirá una aplicación más efectiva del delito de asociación ilícita en un mayor número de casos, además de autorizar el uso de técnicas especiales de investigación y agentes encubiertos o informantes en casos de criminalidad organizada.

Sin embargo, todas estas nuevas disposiciones requieren que el Ejecutivo promueva la capacitación de los agentes responsables de su implementación, especialmente de la policía, los fiscales y los jueces. Tras completar el proceso legislativo, este requisito fundamental asegurará que el nuevo marco normativo, creado para combatir estos delitos y asociaciones criminales, cumpla efectivamente con su objetivo propuesto. El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que esta nueva estructura jurídica no quede en letra muerta. No es un desafío menor.

Carlos Gajardo

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