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El cambio climático y la crisis medioambiental son fenómenos con los que definitivamente la humanidad está en deuda, pues no hemos sido capaces de tomar medidas profundas para detener su avance. En esto, las cifras hablan por sí solas, donde por nombrar algunos ejemplos, vemos que menos del 30% del planeta está conservado, que la vida salvaje ha disminuido en un 68% durante los últimos 50 años o que el 1% más rico del mundo emite más gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. Y si hacemos zoom en nuestro país, vemos que la protección de la naturaleza está limitada por estar ideologizada y politizada, muchas veces por minorías.
Sin embargo, es un privilegio contar en nuestro país con bosques capaces de almacenar tres veces más carbono por hectárea que la Amazonía, al mismo tiempo que tenemos la tercera reserva de agua dulce más importante del mundo. Pero, es evidente que el Estado, filántropos, ONGs y grandes grupos económicos no pueden ser los únicos actores de la conservación, ya que más del 65% del bosque nativo en Chile está en manos de privados.
Y las cifras nuevamente hablan por sí solas: En Chile el gasto del Estado en conservación es de menos de dos dólares por hectárea, solo un 21% de nuestro territorio está bajo Áreas Protegidas, y el reciente conflicto de los guardaparques nos hizo recordar que apenas uno de ellos debe resguardar cerca de 36 mil hectáreas.
La conservación privada, en tanto, ha jugado un importante rol subsidiario de estas deficiencias. En 1997 los privados conservaban 450 mil hectáreas en Chile, y en 2013 esa cifra creció casi hasta el millón 700 mil hectáreas. Dicho trabajo está siendo actualizado y prontamente se darán a conocer los números actuales, que se anticipan aún más alto.
En este sentido, un modelo eficiente y eficaz para democratizar la conservación es el de los parques rurales, los que existen gracias a la voluntad de miles de personas que, de manera voluntaria y particular, se acogen a un formato donde el resguardo de espacios naturales que les pertenecen es total, dejándolos asegurados a perpetuidad y monitoreados por un tercero que actúa como garante y fiscalizador. Así, el dueño mantiene su derecho de propiedad, pero bajo “nuevas reglas”, en las cuales la protección del patrimonio ambiental se impone al concepto más tradicional de propiedad privada.
Esta tendencia, inspirada en el modelo Land Trust de EEUU, e impulsado en diferentes lugares del mundo, lleva años teniendo presencia en Chile con iniciativas lideradas por Geute Conservación Sur, Patagonia Sur, la propia Fundación Tierra Austral y muchas otras organizaciones, ONG´s y privados que han hecho posible su desarrollo a lo largo del país.
Sin embargo, pese a lo innovador del modelo, no todo ha sido fácil en el desarrollo de estos proyectos, ya que líneas más puristas de conservación, sin fundamento técnico ni jurídico, quieren dejar a toda costa a las personas como turistas de la naturaleza y no como protagonistas.
Lo anterior nos hace preguntarnos: ¿es la conservación únicamente la protección absoluta sin presencia humana de un área natural? Porque lo que se está haciendo es precisamente limitar la conservación, sin abrirse a su multidimensionalidad y entender que democratizarla es una de las herramientas más efectivas para su expansión, ampliación y posicionamiento en los hábitos de vida de cualquier ser humano.
No perdamos la oportunidad de maximizar los beneficios de cuidar la tierra, por mantener una sola visión de desarrollo. Entonces, el camino parece ser el desarrollo de una gran alianza público privada para promoverla, porque definitivamente el Estado no pudo, no puede, ni podrá por sí solo, y el actual escenario no deja más espacio que sumar esfuerzos y entender que todos somos un actor relevante en ella, pero a nadie le pertenece exclusivamente, aunque a algunos grupos les cause tanto conflicto compartir la protección de la naturaleza.
Diego Varela, fundador de Biósfera Austral
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