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Opinión

Financiamiento de la PGU y déficit de vivienda: dos caminos que no deben cruzarse


 Por Esteban Cifuentes
Presidente del Comité de Vivienda, Inmobiliario y Arquitectura de CChC Los Ángeles

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El año pasado conocimos la historia de Cinthia, una mujer de 30 años y cuatro hijos que, pese a recibir subsidio estatal para la compra de una vivienda, no encuentra disponible en la Región Metropolitana ninguna opción para trasladarse con su familia. ¿Cómo le explico a mis hijos que no hay casas para nosotros si ven construcciones de edificios en todos lados?, se preguntó Cinthia en una carta enviada a los medios.

Las familias como las de Cinthia necesitan apoyo del Estado para acceder a su vivienda.

Chile ha sido pionero a nivel latinoamericano en implementar una política de Estado para atender el déficit habitacional, la que se ha ido perfeccionando década tras década, ya por más de un siglo. Para ello ha desarrollado diferentes instrumentos que facilitan a las personas, especialmente de menos recursos, el acceso en propiedad a una vivienda a través de subsidios habitacionales, exención del pago de IVA a la compraventa y crédito especial a la construcción de viviendas. Este conjunto de instrumentos es fundamental para miles de familias que, por sus niveles de ingreso o posibilidades de acceso a créditos hipotecarios, no pueden adquirir una vivienda por sí solas.

Como el de Cinthia, en la actualidad, nueve de cada diez hogares que acceden anualmente a una vivienda lo hacen con el apoyo de alguno de estos instrumentos.

Curiosamente, una de las alternativas que recibió Cinthia desde el Ministerio de Vivienda fue en Los Ángeles. En la capital provincial de Biobío la historia no es distinta. Estudios de CChC Los Ángeles indican que, si bien las ventas de casas y departamentos se mantiene estable, la oferta no crece al mismo ritmo y podría generar que no exista oferta sin subsidio en el plazo de un año. En cuanto al déficit, se calcula que unas 8.200 familias de la comuna necesitan una vivienda, pues se encuentran como allegadas en otro lugar o con sus actuales instalaciones deterioradas.

A nivel país, según TECHO-Chile, actualmente existen más de 81.000 familias viviendo en campamentos. Otras 800.000, según la CChC, también necesitan con urgencia una vivienda para vivir en forma digna.

En este escenario, con la necesidad de trabajar en superar ese déficit, parece negativo que se busque terminar uno de estos beneficios que aportan a paliar el déficit. Se trata de la propuesta del gobierno de eliminación del crédito especial a la construcción de viviendas o Crédito Especial a Empresas Constructoras (CEEC) con el objeto de financiar la Pensión Garantizada Universal.

En la práctica, el CEEC es aprovechado por los compradores finales porque reduce el precio de la vivienda. Por este motivo, eliminar este beneficio tributario encarecerá el costo de construcción en, aproximadamente, un 12%, lo que causará efectos directos como la reducción de la oferta de las viviendas destinadas a sectores vulnerables y el alza en los precios de venta de las unidades sin subsidio.

Ante esta noticia, la misma Cinthia volvió a ocupar la tribuna de las cartas al director de los diarios de circulación nacional para comentar que “ahora sí que vamos a tener menos posibilidades” porque probablemente se reducirá la construcción de viviendas destinadas a las familias con subsidios. Hoy vemos con algo de optimismo el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que sugirió al gobierno buscar nuevas fuentes, y las declaraciones del ministro de Hacienda abriéndose a esa posibilidad. Seguimos muy atentos.

La recomendación de CChC apunta a mantener el Crédito Especial a Empresas Constructoras o, en su defecto, reconocer en el precio de las viviendas con subsidio el mayor costo de construcción y compensar a las familias con aumentos en el subsidio. En el caso de viviendas sin subsidio, implementar una garantía estatal al pie de la primera vivienda, permitiendo que las instituciones financieras entreguen un crédito adicional con el respaldo de esta garantía hasta totalizar el 95% del valor de la vivienda.

Si bien reconocemos la importancia de mejorar las pensiones de todos los chilenos, el desafío debe ser compartido por todos y no puede sostenerse agravando un problema que ya constituye una crisis social como es el acceso a la vivienda.  

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