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Opinión

Educación pública y privada


 Por Alejandro Mege Valdebenito.

ALEJANDRO-MEGE

“La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero pude convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación”.

 Nelson Mandela

La decisión de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional de excluir en la redacción de la Nueva Constitución la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, desató una polémica entre los distintos sectores de la sociedad, especialmente por parte de los padres y sostenedores de la educación particular que defienden el derecho de los padres de elegir el tipo de educación para sus hijos, sea ésta pública o privada.

Dentro de los 36 países que forman la OCDE (considerados los más desarrollados del mundo) Chile tiene el sistema educativo más privatizado y, según el Foro Chileno por el Derecho a la Educación, este “sistema educativo ha contribuido a la profundización de las desigualdades sociales”.

Para Unesco y la OCDE, “un establecimiento es de enseñanza pública cuando es controlado y gestionado por una autoridad o un organismo estatal independiente del origen de los recursos”. Se entiende entonces que el carácter público o privado de una institución escolar no depende de su fuente de financiamiento, sino que la propiedad y gestión directa de la institución escolar. A su vez, la educación particular subvencionada plantea que lo público concierne a toda la sociedad y que el Estado debe reconocerla como tal y contribuir a su mantenimiento como ésta contribuye a la educación de parte importante de la sociedad. Sin embargo, existen características importantes que   diferencian a una de la otra. Es propio de la educación pública su carácter universal y gratuidad, sin procedimientos de selección de ninguna naturaleza que no sea la capacidad física de los establecimientos educacionales, donde el acceso de los estudiantes a la educación no está limitada por la capacidad económica de la familia ni de su clase social; de su creencia religiosa, raza o ideología, incluso de su condición física u orientación sexual. La educación pública busca el bien común, el lucro no es su objetivo, constituyéndose en un espacio de interacción y convivencia de la diversidad social para construir entre todos una sociedad democrática, “de un proyecto común de país, donde niños y niñas de diferentes condiciones sociales, credos, religiones y visiones ideológicas puedan ser educadas en un mismo espacio pedagógico”. Estas condiciones, como un conjunto, no se encuentran o no son claramente identificables en la educación particular o privada y, si bien este tipo de educación -en el marco de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres para educar a sus hijos-es una opción legítima para quienes las impartan y opten por ellas, no constituye educación pública al ser administrada por privados, de acuerdo a la definición que hacen de la educación pública los organismos internacionales mencionados. Reconociendo la existencia y el aporte de la educación particular o privada como un derecho de las personas a la libertad de elegir de acuerdo a su realidad social, cultural, económica,  de creencia o de fe, corresponde al Estado, como una inversión social y una responsabilidad ética,  ofrecer y garantizar a la población que no tiene las mismas condiciones y posibilidades una educación universal de calidad integral que atienda el derecho humano a la educación de quienes tienen bienes y de los que no lo tienen, de los que piensan de una manera o de otra, de los bien dotados intelectualmente y de quienes no lo son tanto; de los creyentes y no creyentes; de los que viven en las poblaciones marginales o en los condominios; de los hijos de obreros, vendedores ambulantes, empleados, técnicos o profesionales, comerciantes o empresarios. Esa unidad en la diversidad es el gran valor de la educación pública.

Sin embargo, no se debe considerar a la educación pública y privada como antagónicas cuando son complementarias y perfectamente pueden convivir en un proceso educativo enmarcado en un currículum nacional con el financiamiento que corresponde, por una parte, al Estado y, por otra, a los particulares o privados.

El gran desafío el Estado, por muchos años postergado, es mejorar la administración de la educación que sostiene, atender el perfeccionamiento continuo de los profesores, su situación profesional y laboral para evitar conflictos que afecten el desarrollo normal de las actividades escolares, cumplir con los programas de estudio, optimizar el aprendizaje escolar y la formación en valores ciudadanos y de convivencia, recobrando así la confianza de la familia en la educación pública para la educación integral de sus hijos e hijas en condiciones de igualdad, respeto y consideración cualquiera sea su origen, condición socioeconómica o cultural.

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