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Opinión

Caso Luces Led: una mirada desde el Compliance


 Por Gabriel Rozas Caamaño.

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Lo sucedido en la comuna de Negrete con su Alcalde y otros funcionarios, parece ser sólo la punta del Iceberg o bien una muestra más, de lo que se ha venido discutiendo en diversos foros académicos, nacionales e internacionales, referido a la Contratación Pública, y cuáles son los mecanismos que se deben utilizar para lograr un fortalecimiento de la probidad y transparencia del sistema.

La Contratación Pública, dice relación con “los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones”. Es una actividad de relevancia pues permite al Estado mediante licitaciones públicas o privadas e, incluso, mediante contrato de trato directo, obtener bienes y servicios que irán a satisfacer los planes económicos del Estado y con ello propender al desarrollo del país.

Como se trata de contratos de bienes y servicios, en que participan personas naturales y jurídicas, donde se mueven importantes sumas de dinero, no es difícil conocer a menudo que existen personas que buscan un mayor beneficio, cometiendo diversos delitos.

Hace un par de semanas, tuve la oportunidad de participar en un Seminario Internacional sobre Contratación Pública, oportunidad en que se habló de diversos tópicos y en particular, me referí a la Gestión del Riesgo en materia de Contratación Pública, como parte integrante del Compliance o Cumplimiento en esta materia.

Desde la perspectiva de la Gestión del Riesgo en Contratación pública, se hace necesario tener una idea clara de lo que es el Riesgo. Para ello, me gusta utilizar el concepto dado por el Marco Integrado de Control Interno – COSO I (Versión 2013) que lo define como “la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos”. Ahora desde la perspectiva de la Contratación Pública, este acontecimiento debe afectar los objetivos referentes al suministro de bienes muebles, y de servicios que se requieran para el desarrollo de las funciones de del Administración del Estado de Chile.

Para poder determinar la probabilidad de que se produzca este acontecimiento se requiere de un proceso que se ha denominado “evaluación de riesgo”, el cual es dinámico y debe repetirse una y otra vez para lograr evitar el acaecimiento del acontecimiento negativo. Este proceso lleva consigo el propósito de identificar y evaluar los riesgos asociados a la Contratación Pública.

Todos los años estamos conociendo de hechos carentes de probidad y transparencia en materia de Contratación pública, por lo que cabe preguntarse ¿Qué es lo que sucede hoy con el control de los riesgos en esta materia?

En primer término, está claro que se trata de un problema ético. Aquellas personas que cometen delitos, ya sean de los denominados Delitos Funcionarios (entre ellos el Cohecho) u otros delitos relacionados con la actividad económica, simplemente carecen de ética. El problema es que ni siquiera la entienden, pues si fuera así, comprenderían que hasta un mínimo regalo en tiempos de navidad a algún funcionario, constituyen dádivas revestidas de riesgos. Pero quiero ser claro, no es sólo el funcionario público el carente de ética cuando comete estos delitos, sino que también lo es el privado que induce a la comisión de aquellos, y que en muchos casos no es sancionado.

En segundo lugar, las 2 instituciones llamadas a controlar el riesgo en materia de contratación pública, esto es, las Auditorías Internas del Consejo de Auditorias Internas General de Gobierno (CAIGG) y el Observatorio Chilecompra, no logran dar todas las respuestas en esta materia.

Actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso, que viene a perfeccionar la norma existente en materia de Contratación Pública, y esperamos ser oídos para incorporar normas de Compliance o Cumplimiento al proceso, con las cuales se pueden combatir de mejor manera las malas prácticas que ocasionan daños patrimoniales, pero también, entregue confianza en las instituciones públicas, mediante una apropiada gestión del riesgo.

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