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Opinión

La educación como un derecho republicano


 Por Alejandro Mege Valdebenito.

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En la discusión del presupuesto para la educación del año 2021, en un primer acuerdo, la Cámara de Diputados  rechazó los recursos  asignados a los liceos Bicentenarios (que serán 200 para el próximo año y atenderían alrededor de 164 mil estudiantes) argumentando el presidente de la comisión de Educación que “No creemos en que deban existir tratos preferenciales para u uno u otro establecimiento educacional. Es deber del Estado garantizar apoyos presupuestarios en igualdad de condiciones”.

Los liceos  que alcanzan la categoría de Bicentenarios, tienen el objetivo de contribuir a mejorar la educación y para alcanzarlo cuentan con una estructura técnico pedagógica  administrativa y de asignación de  recursos que no tiene el resto del sistema educativo público  y sus resultados académicos han superado a los llamados liceos emblemáticos  que han tenido una baja importante en los resultados de la Psu y en la  postulación de los estudiantes.

Si bien los liceos Bicentenarios han sido un aporte a para mejorar la educación de muchos jóvenes, lo que se objeta    es lo poco que se hace por mejorar el resto  de la educación pública donde persiste la desigualdad y la baja formación educativa, proceso que debiera iniciarse en la base del sistema escolar para asegurar un mejor desempeño estudiantil en la educación media y pavimentar con mayores posibilidades de éxito el camino a la universidad.

El tema de la educación, en especial de la educación pública, su calidad, igualdad, equidad y pertinencia, así como su adecuado financiamiento por parte del Estado, en aras de la protección del derecho humano a la educación que tiene  un reconocimiento universal, con énfasis solidario con quienes más ayuda requieren por su condición familiar, social y económica, es una materia que no ha sido resuelta como sociedad por cuanto los líderes políticos y sociales, incluso económicos, no han actuado con sentido republicano en torno a objetivos comunes ni menos con un lenguaje de igual significado, trasparente y comprensible para todos (la claridad que es la cortesía del filósofo, al decir de Ortega y Gasset) desconociendo que no todos tienen la posibilidad de optar por el tipo de  educación que quisieran tener como camino a la universidad, ya sea por su condición social o por haber estudiado en una escuela pública  con número.

Considerar la educación como una “cosa pública”, como un derecho republicano, es entender que la gobernanza de una nación debe ser un asunto de responsabilidad y competencia de toda la ciudadanía y no solo de un grupo de amigos, una clase social, de un partido político o de una elite determinada.  Su base de sustentación es el derecho como máxima expresión de la libertad y soberanía del pueblo, lo que hace necesario que en una democracia representativa como la que tenemos sea posible  contar con una  educación de calidad e inclusiva, permitiendo que la ciudadanía tenga una mayor participación en el conocimiento y  deliberación de las políticas públicas teniendo una mayor cultura cívica, de modo que los representantes electos por la ciudadanía no terminen  representándose a sí mismos o al partido o coalición en que militan, aunque afirmen ser la voz de los más necesitados.

Si bien constitucionalmente existe la libertad de enseñanza y la libertad de particulares para mantener establecimientos educacionales, así como el derecho y el deber  de los padres de educar a sus hijos y escoger el establecimiento donde matricularlos, corresponde al Estado asegurar  una educación inclusiva y de calidad para todos. Responsabilidad  que el Estado paulatinamente ha ido trasladando al mundo privado, tanto es así que solo el 36 % de la matrícula de todo el sistema escolar chileno es atendido en la educación pública, siendo los alumnos del sistema público los que alcanzan los menores puntajes en el Simce y la Psu  y con ello la menor posibilidad de ingreso a la universidad. 

El dilema no es entre una educación pública y una privada, la que ha existido  siempre; el tema es que siendo la educación pública la casa de todos, el lugar de encuentro de la diversidad social y de aceptación del otro, cualquiera sea su condición y origen, como legítimo otro, corresponde a un Estado Republicano asumir la responsabilidad de sostener a todo el sistema público en igualdad de condiciones y sin discriminar entre un nivel escolar y otro.

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