La Ley 20370/2009 de Educación, establece: La educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitada por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene en forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual está inserta la persona.

Así, cuando en una democracia los ciudadanos se movilizan haciendo uso del derecho a la libre expresión con respeto por un estado de derecho, grupos minoritarios, desvirtuando los  objetivos del descontento social, ocultando mañosamente  sus rostros, atentan contra el orden público, saqueando y destruyendo los bienes particulares y públicos, provocando graves daños a la población más modesta, se suele responsabilizar al sistema educativo formal del fracaso en la formación ética de los individuos que atentan contra la  sociedad de la que forman parte, de esa misma comunidad humana donde tienen su familia, crían a sus hijos y le dan ejemplos de cómo destruirla y, al mismo tiempo, dañarse a sí mismos.

El estado de frustración y descontento generalizado de la población es la consecuencia de un sistema económico social injusto y poco solidario, contribuyendo a la indignación de la población quienes, pensando sólo en el propio beneficio, con conductas tan antisociales como las denunciadas, sin cubrirse el rostro, sin salir a la calle y sin tirar piedras, atentan contra la fe pública, causan daño a las instituciones y se apoderan del patrimonio del Estado, que son recursos que aportan todos los ciudadanos, dando un ejemplo que sobrepasa el mensaje ético y ciudadano de la educación formal.

Estas conductas antisociales no se enseñan en la escuela, llegan a los establecimientos educacionales en la mochila de los alumnos que portan la cruda realidad social en la que viven. No conozco una escuela donde se enseñe a los alumnos  a mentir, delinquir, engañar al prójimo, robar o destruir, todo lo contrario. Sin embargo, y duele reconocerlo, la escuela, la profesora y el profesor no tienen la autoridad ni la fuerza orientadora y moldeadora de la conducta como antaño cuando la familia y los actores sociales respaldaban su tarea  formadora en valores de un honesto y sano convivir, cuando los derechos que se reclaman han hecho olvidar los deberes necesarios en una sociedad que se considera a sí misma más  civilizada y culta. Si bien existe el derecho a reclamar por mayor justicia social (en Chile el problema no es la escasez de recursos, sino su desigual distribución, cuando 1.800 personas correspondientes al 0,01 % más rico tienen un ingreso per cápita que supera los $ 576 millones de pesos al mes y la gran mayoría de los trabajadores perciben un sueldo mínimo de $ 301 mil pesos mensuales.)  (Revista Occidente Nº 486/2018), tanto los desconocidos, como los conocidos de siempre no reciben por sus conductas criminales y deshonestas  las sanciones que se merecen cuando la balanza de la justicia se inclina más por el derecho de los autores de los delitos que por sus víctimas.

Así, aun cuando el Ministerio de Educación inyecte más recursos (60% en el 2020) para el programa de convivencia escolar, el problema no se resuelve  por cuanto las razones que gatillan el descontento social y sus consecuencias no se generan en la escuela - sólo se expresan en ella- ni ésta puede resolver limitada y presionada como está por  un ambiente social y económico injusto que es él que debe cambiar.