Con gran inquietud hemos visto como la eventual declaración de interés público respecto al proyecto de construcción de la denominada Carretera Hídrica ha acaparado titulares en los distintos medios de comunicación y tomado un lugar central en el debate público nacional, en medio de la sequía más intensa de la cual se tenga recuerdos en Chile en las últimas décadas.

Nuestra provincia no es ajena a esa realidad país; sin ir muy lejos, los últimos reportes revelan un déficit hídrico cercano al 25% en Biobío, fenómeno que, -cifras más, cifras menos-, configura un real y patente drama para nuestras zonas rurales en las que se han visto afectados no sólo los grandes emprendimientos agroexportadores, sino que, en lo fundamental, golpeando severamente a nuestra población más vulnerable: Nuestros campesinos y pobladores rurales más aislados que se abastecen de agua para el consumo en pozos particulares o a través de sistemas de Agua Potable Rural, quienes, además, comienzan a ver cada día más inviable la realización de actividades productivas relacionadas a la agricultura y ganadería en una zona en constante aumento de demanda hídrica.

En lo particular, nuestra comuna de Quilaco suma el fenómeno de las plagas de langostas, situación que se agrava en épocas de sequía cuando las condiciones del clima y el suelo favorecen la proliferación y multiplicación del insecto.

Por ello es, a lo menos, desconcertante para nosotros la simple consideración de un proyecto que, primero, inicia su argumentación desde la errónea premisa de que en Biobío existe tal abundancia de agua que se pueden disponer de excedentes no utilizados del vital elemento, lo cual es absolutamente falso; para luego ofrecer como solución a un problema global y de largo plazo como lo es la sequía y el cambio climático, un plan que conllevaría daños irreversibles en la biodiversidad y la alteración en el equilibrio de nuestros ecosistemas nativos.

En este sentido, creo que como habitantes de la provincia de Biobío debemos estas más unidos que nunca para dar una respuesta fuerte y clara de rechazo al proyecto; y, desde cada una de nuestras tribunas de representación ciudadana, hacer un llamado a la tranquilidad de nuestras comunidades invitando a que confíen plenamente en que como autoridades haremos uso de todas las herramientas que la ley nos confiera para salvaguardar el bienestar de los vecinos y vecinas de la provincia y la región.