En el marco de las reformas institucionales que ha anunciado el

gobierno, distintos sectores han propuesto la eliminación del fuero

parlamentario. Esta figura prevista en el artículo 61 de nuestra Constitución y

cuya tramitación judicial está regulada en el Código Procesal Penal, supone que

solo se puede acusar penalmente a un parlamentario o privarlo de libertad,

previa declaración de  la Corte de

Apelaciones respectiva, salvo que se trate de un delito flagrante. Dicho de

otro modo, en la actualidad no es posible formalizar a un parlamentario por la

comisión de un delito, sin que previamente sea desaforado. En el Chile de hoy

¿se justifica una institución como esta? Evidentemente no, dicho fuero no es

más que un privilegio que podría haber tenido alguna razonabilidad en el

antiguo proceso penal, secreto e inquisitivo, en la actualidad atenta contra la

igualdad ante la ley, de seguro alguien podrá argumentar que un parlamentario

no está en la misma posición jurídica que otro sujeto y es precisamente esa

concepción la que hay que cambiar, en especial porque desde el punto de vista

jurídico el actual sistema procesal penal es reconocidamente garantista, por

consiguiente menor justificación tiene la existencia de este privilegio

parlamentario, ya que también los diputados y senadores son inocentes hasta que

se demuestre lo contrario.

Cosa distinta ocurre con la denominada inviolabilidad

parlamentaria, que faculta a los parlamentarios para emitir opiniones y debatir

con libertad en el ejercicio de su función político - legislativa al interior

del hemiciclo, criticando al gobierno o a distintos grupos de interés, evidentemente

en este caso más que de un privilegio, estamos en presencia de un elemento

consustancial a la función parlamentaria, el que se debe mantener.

Sabido es que entre las instituciones que mayor desconfianza

generan en la ciudadanía está precisamente el Congreso Nacional y los

parlamentarios, avanzar en la eliminación del fuero parlamentario, podría

contribuir a que la función legislativa tan trascendente para el devenir de un

país y que gozo de tanto prestigio en nuestra historia republicana, vuelva a tener

sentido para el ciudadano común.

Emilio

Oñate Vera

Decano

Facultad de Derecho y Humanidades

Universidad

Central